Partición de un bien sin pagar impuestos!

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CONSECUENCIAS FISCALES DE LA DIVISIÓN DE UN BIEN COMÚN

Una de las principales cuestiones que se plantean ante el deseo de las personas de dividir los bienes comunes (extinción de condominio proindiviso) son las consecuencias fiscales.

Los impuestos que normalmente creen que hay que pagar son varios:

  1. El impuesto de  transmisiones patrimonial (ITP entre 7-10% en función de la CCAA).
  2. El impuesto de Actos jurídicos documentados (AJD entre 1-1.5% en función de la CCAA).
  3. El impuesto sobre el incremento de valor de un bien (plusvalía municipal/IIVTNU).
  4. El  impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), por el incremento del valor del bien, o ganancia patrimonial.

Por ello, es importante poder hacer un correcto análisis de la vía más eficiente y ventajosa, en cuanto al beneficio fiscal se refiere, de acuerdo  al caso en concreto.

Ya en la época de la Roma clásica nadie podía estar obligado a  permanecer en la comunidad, es decir no tiene necesidad de dar ninguna justificación si no quiere compartir un bien con otra persona. (Artículos 400 y 401 del Código Civil, en adelante CC).

Asimismo, el CC dice que nadie puede estar obligado a  permanecer en la comunidad, por lo que podrán solicitar, la división del bien común, en cualquier momento, y ello siempre que el bien común  resulte indivisible o desmerezca su división.

Por ello, en el caso de que uno de los condueños se adjudique el bien (o derecho) que tenían en común si se compensa en metálico al otro o al resto de comuneros, en función de su cuota de participación, esa transmisión no se considera una compraventa, sino el ejercicio de un derecho, en el que nadie gana, por lo tanto no hay lucro y en consecuencia:

  1. No se considera como transmisión patrimonial y no paga ITP
  2. Si que hay un acto jurídico documentado por lo que si que paga AJD. (Importe ridículo)
  3. No hay pago de plusvalía municipal.
  4. No paga en renta por IRPF

Si se plantea dividir un inmueble o derecho compartido no dude en ponerse en contacto con nosotros telefónicamente o por mail para obtener asesoramiento instantáneo.

Aribau, 169, 4º. 08036 BARCELONA. SPAIN. Tel.: +34  932019830

Web: www.salip-abogados.com  – email: info@salip-abogados.com

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HERENCIA, COSTE MÍNIMO.

COSTE MÍNIMO FISCAL EN LA PARTICIÓN DE HERENCIA.

Es un error frecuente en las aceptaciones de herencia, que los herederos se adjudiquen los bienes en común, dejando para más tarde la división de los mismos. Se hace, en ocasiones por liquidar impuestos en plazo, y no discutir que heredero se queda con cada cosa, con la idea de que dividir las cosas más tarde no tendrá coste.

Una cosa es dividir un solo bien en común, que no comporta coste fiscal como expusimos en nuestro blog, en el post referente a la PARTICIÓN DE UN BIEN SIN PAGAR IMPUESTOS.

Y otra cosa muy diferente es cuando ya no hay una sola comunidad, sino que hay varios bienes en común, es decir hay “varias comunidades de bienes”, y cada una suele ser de valor diferente, por ejemplo la vivienda de la ciudad y la vivienda de veraneo.

En este caso un error común consiste en creer que la posterior permuta de la parte de un bien de un heredero (sería la mitad de la vivienda de la ciudad) por la parte de otro bien (la mitad dela vivienda de veraneo), no tendrá coste, cuando la realidad es que en esa denominada “permuta” se producen dos transmisiones patrimoniales, y se tributa por las dos, a sumar a la tributación previa que ya hicieron con el impuesto de sucesiones.

Una variante de este error consiste en creer que cuando se haga posteriormente esa denominada “permuta”, simplemente se tributará por la diferencia.  Por ejemplo, toda la vivienda de la ciudad vale 100 y toda la  vivienda de veraneo vale 60, en total suma160 y si, son sólo 2 herederos corresponde 80 a cada uno, de forma que el heredero que se queda la casa de la ciudad, tiene un exceso de adjudicación de 20, que pagará al heredero que se queda la casa de veraneo. Y como hemos visto se tributa por las dos, además de la tributación previa del impuesto de sucesiones.

Por ello, es importante decidir dividir las comunidades de bienes en el momento de la aceptación de la herencia, pues el impuesto de sucesiones es inevitable en muchas comunidades autónomas como Cataluña que es una de las más caras.

De este modo, la consecuencia fiscal no se aumenta (salvo en el exceso de adjudicación), ya que al hacer la división de los bienes:

  1. No pagaría el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
  2. La plusvalía municipal, sería la normal.
  3. No se pagaría por renta (IRPF.)

Si se plantea dividir un inmueble o derecho compartido no dude en ponerse en contacto con nosotros telefónicamente o por mail para obtener asesoramiento instantáneo.

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VENTA DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y DEUDAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Sólo 2 preguntas y la solución:

¿Se subroga al nuevo empresario en los derechos y obligaciones laborales de seguridad social?

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 17/6/2019 y  2/12/2019, que liberaron a adquirentes de Unidades Productivas de la exigibilidad de las Deudas de la Seguridad Social, ¿permiten suponer que en todos los casos la SS no podrá reclamar las deudas?

SOLUCIÓN:

La Ley Concursal indica claramente que en caso de venta de una unidad productiva, a los efectos laborales y de Seguridad Social existe sucesión de empresa (221 TRLC), y el adquirente queda subrogado  (222 TRLC) pero el juez del Concurso y no el Juez laboral es el único que puede declarar la existencia de sucesión de empresa.

Si el adquirente queda subrogado en los contratos de los trabajadores que se mantengan en esa unidad productiva, el juez del Concurso, no liberará al adquirente y este quedará subrogado en esas deudas de la Seguridad Social. (224 TRLC). Por lo que el adquirente decidirá que trabajadores le interesan.

Si no se pueden asumir las deudas, la solución es ir a la liquidación de la sociedad dentro del concurso y comprar los activos.

Desde que se solicita la liquidación al Juzgado hasta que se acuerde por el Juez, y  se consiga o bien la liquidación, o bien la aprobación de la venta de activos, depende de cómo se haga, el asunto se dilatará.

En SALIP-ABOGADOS, tras 40 años dedicados al derecho concursal podemos ofrecer diferentes soluciones, haga su consulta.

Aribau, 169 – 4º.  08036 BARCELONA.

Tel. (+34)  93.201.98.30  –  Fax.  93.414.21.73

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LOCALES. SOLUCION AL IMPAGO.

Los locales se han visto obligados a cerrar su actividad principal como consecuencia del estado de alarma. Los locales de temporada de verano no han sufrido igual. Ante la imposibilidad de algunos arrendatarios de cumplir el pago en plazo, el Gobierno en el R.D.L. 15/2020, de 21  de abril, estableció una sola medida para los locales:

La prórroga moratoria durante el tiempo que dure el estado de alarma y sus prorrogas, hasta un máximo de 4 meses. Insuficiente para solventar las negativas consecuencias económicas, que han hecho imposible en muchos el pago de la renta.

El D.L. 34/2020 de 20/10/2020 de la Generalitat de Cataluña establece en su territorio una reducción del 50% de la renta durante las medidas de reducción (15 días ampliable) para el cierre del establecimiento y para los que puedan trabajar con horario o aforo reducido, la renta se disminuirá en proporción a la mitad de la pérdida del aprovechamiento del inmueble.

En consecuencia sólo queda al arrendatario la opción de tener que pedir al Juez, que modifique el contrato en esta situación excepcional para restablecer provisionalmente un reequilibrio de las prestaciones contractuales, y  evitar la pérdida del contrato por el desahucio.

La solución jurídica está en la cláusula rebus sic stantibus, pues en general se cumplen las 4 circunstancias que desarrolló la jurisprudencia:

  1. Una alteración de las circunstancias en las que el arrendador y el inquilino celebraron un contrato,
  2. Una desproporción inusitada o exorbitante entre las prestaciones de las partes, que rompa el equilibrio entre dichas prestaciones,
  3. Una alteración de las circunstancias radicalmente imprevisible.
  4. Un contrato que carece de otros mecanismos para restablecer el equilibrio.

En SALIP ABOGADOS llevamos 40 años dedicados a encontrar soluciones a los problemas arrendaticios, y sólo en otro caso, obtenemos las soluciones en el juzgado. Si nos envía un mail, exponiendo su situación, podemos ofrecerle respuesta.

Aribau, 169. 4º 98936 Barcelona

Tel. 932019830 Mail info@salip-abogados.com

NULIDAD IRPH

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La sentencia del Tribunal de Justica de la Unión Europea, de 3 de marzo de 2020, en el asunto C-125/18, no se atrevIó a declarar la nulidad de las cláusulas del IRPH  al igual que se hizo con la nulidad de las clausulas suelo, e indica que el control de transparencia y la nulidad de la clausula IRPH debe ser valorada por el juzgado nacional en cada caso.

El Tribunal Supremo en Sentencia del Pleno 669/2017 de 14/XII negó la posibilidad de anular el IRPH en base al error de creer que el IRPH era no era manipulable, entendiendo que era un índice oficial publicado por el Banco de España.

Sin embargo, el IRPH ha sido susceptible de influencia por las cajas de ahorros ya que su calculo se ha basado en los datos que facilitan las propias cajas de ahorro, de forma que el Banco de España hace un media simple con esos datos, así cada entidad sabe, en todo momento, cual es el grado de influencia en el valor futuro del IRPH.

Ya en 2009, la Unión Europea con el objetivo de asegurar que el IRPH no estuviese sujeto a manipulaciones interesadas y que fuese un reflejo de la economía real instó eliminar el índice del IRPH de cajas y bancos, sin embrago no es hasta 2013 cuando el Banco de España deja de publicarlo y se produce la desaparición completa del IRPH cajas y bancos.

A partir de este momento, las entidades de crédito solo pueden utilizar como tipo de referencia aquellos que están calculados a coste de mercado y así el índice no será susceptible de influencia por las mismas entidades en virtud de acuerdos o de prácticas conscientes paralelas. Además se exige que los datos que sirven como base a los índices sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo.

Existe otro IRPH que es el de entidades, que sigue vigente y adolece de las mismas o gran parte de las deficiencias del extinto IRPH de cajas, sigue siendo influenciable por parte de las entidades financieras.

Se puede constatar que a lo largo de tantísimos años el IRPH ha sufrido prácticamente las mismas variaciones que el Euribor pero siempre, siempre, muy por encima de él.

Hoy se dicta la sentencia del TS que confirmará esta nulidad.


UNA SOLUCIÓN AL CONCURSO DE ACREEDORES

EN LA QUE TODO SON VENTAJAS.

Desde el inicio del Covid anticipábamos la avalancha de concursos de acreedores. Poco después se permitió retrasar la presentación al Juzgado del concurso hasta enero del próximo año 2021 y, comentábamos, que el mayor endeudamiento de las empresas ante la difícil situación del mercado, (sin tener una salida clara para el negocio), en la mayoría de los casos produciría un incremento de la responsabilidad económica de los administradores si no adoptaban soluciones novedosas.

La venta de las empresas es posible en muchísimos casos aunque, los administradores, frustrados por la evolución negativa del mercado, los problemas de tesorería, del negocio, las reclamaciones de los acreedores, las exigencias de avales de la banca, Hacienda y S.S., se den por vencidos y la consideren en la práctica imposible.

El administrador del negocio sabe que el valor que pueda tener su empresa, se devaluará con la entrada en concurso del negocio, lo que le deprime aún más, y le impide ver que esta posibilidad simplemente le ayudará a salir de la negativa dinámica en que se encuentra.

Esta situación tiene solución y no se ha aplicado hasta ahora, a pesar de que está en la Directiva (UE) 2019/2013, que ordena a los estados garantizar un procedimiento más eficiente y ordenado para la liquidación de las empresas.

Por lo tanto, ya se puede huir del sistema habitual donde se eterniza el procedimiento del Concurso de Acreedores, utilizando vías que ya se aplican en otros países como los anglosajones (Prepack o Prepackaged) o en los Países Bajos (Silent Trustee), y que hace muy pocos días ya se han aceptado en dos Juzgados de Barcelona.

El sistema es muy simple. Sin hacer ningún movimiento en la empresa (o grupo de empresas, cuando no se puede vender una empresa sin la otra), se comunica al Juzgado que la empresa inicia negociaciones con los acreedores para buscar una solución a las deudas que parecen imposibles de asumir (Pre-concurso) y, asimismo (y aquí está una primera  novedad), se manifiesta que se entra en negociaciones con posibles compradores de la unidad productiva.

Con el Preconcurso, como es sabido, ya se consiguen paralizar los procedimientos de ejecución contra la compañía.

Una segunda novedad es que, para que el proceso de la venta de la unidad productiva se realice de forma transparente y pueda después ser aprobada por el Juez del Concurso, se designa un Administrador Judicial, quien pasará a ser el Administrador Concursal el día que se declare el Concurso y quién recomendará al Juez la venta de la unidad productiva, con lo que la venta se realizará de forma simultanea o inmediata a la declaración del concurso por el Juez. Una solución rápida en la que todo son ventajas.

La venta de activos se prepara hasta el último detalle con carácter previo a la declaración del concurso con el consentimiento de este Administrador Judicial, que será el administrador Concursal.

Ello es posible porque el Administrador Judicial independiente, seguirá criterios rigurosos de publicidad, de confidencialidad y transparencia con los compradores y mantendrá informado al Juez, quien podrá aprobar la venta de la unidad productiva a la vez que declare judicialmente la situación de concurso.

Los acreedores, se verán sorprendidos ante esta estrategia y frente la opción habitual de liquidación concursal, (que significa cobrar cero en el 95% de los casos), probablemente no verán como oponerse a una venta real e inmediata que algo real, ya está dando al concurso.

Conviene recordar que la empresa fabricante de coches Chrysler, que Barak Obama había definido como el icono de la industria de EEUU, cuando entró en concurso (Bankruptcy), el Juez tuvo que aceptar la solución de permitir la “venta anticipada”, pues la compañía perdía 100 millones de euros por cada día que pasaba, solución jurídica absolutamente impensable para España y a la que ahora ya nos vamos acercando. Puede ver en un gráfico simple al final de este artículo los diferentes pasos.

Si necesita comentar la viabilidad económica de su empresa en nuestra firma, SALIP–ABOGADOS.COM, le podemos ofrecer diferentes soluciones que se adapten a la situación de su empresa. Hemos tenido la oportunidad de tramitar un concurso en el que han podido cobrar absolutamente todos los acreedores, trabajadores, Hacienda, S.S., etc., e incluso algún socio, ha cobrado más un millón de €, al haber podido desarrollar una eficaz gestión global, incluso de venta.

Gráfico de los pasos

  1. Petición Preconcurso + Administrador Judicial.
1. Se pide en el Juzgado el preconcurso más el administrador Judicial

2 Se aprueba la petición.

2 El Juez aprueba la petición y nombra el administrador judicial .

3. Se paran todas las ejecuciones contra el deudor

3. Se paran todas los intentos de subasta de los bienes de la empresa.

4 Negociación y redacción de acuerdos de venta de activos.

4. Se preparan con detalle todos los acuerdos

5 Declaración de concurso y aprobación por el Juez de los acuerdos en un paquete.

5. El Juez declara el concurso y aprueba los acuerdos .

6 Administrador Concursal ejecuta los acuerdos.

Todo lo que antes se negoció y redactó.

Fin del Concurso de acreedores y de los problemas del administrador del negocio.

Finaliza el Concurso

LEY 2º OPORTUNIDAD. COSTE M. CONCURSAL

El precio del mediador concursal:

Lo establece el D.D. 1860/2004, que es el mismo que establece los honorarios del administrador concursal.

Cálculo de los honorarios:

a) Porcentajes aplicables sobre el activo

Activo (hasta euros)Importe retribuciónResto de activo (hasta euros)Porcentaje aplicable al resto de activo
00500.0000,600
500.0003.000500.0000,500
1.000.0005.5009.000.0000,400
10.000.00041.50040.000.0000,300
50.000.000161.50050.000.0000,200
100.000.000261.500400.000.0000,100
500.000.000661.500500.000.0000,050
1.000.000.000911.500En adelante0,025

A ESTA CIFRA HAY QUE SUMAR

b) Porcentajes aplicables sobre el pasivo

Pasivo (hasta euros)Importe retribuciónResto de activo (hasta euros)Porcentaje aplicable al resto de activo
00500.0000,300
500.0001.500500.0000,200
1.000.0002.5009.000.0000,100
10.000.00011.50040.000.0000,050
50.000.00031.50050.000.0000,025
100.000.00044.000400.000.0000,012
500.000.00092.000500.000.0000,006
1.000.000.000122.000En adelante0,003

En la mayoría de los casos en la 2ª oportunidad hay escasos o ningún activo, y los pasivos no suelen ser importantes, con lo que los honorarios suelen ser muy reducidos.

Además hay reducciones de honorarios que dependen de la naturaleza del deudor:

  1. Persona natural empresario: Reducción de honorarios en un 50 % 
  2. Persona natural sin actividad económica: Reducción de honorarios en un 70%.

Cuando se apruebe el acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) el mediador tendrá derecho a cobrar un complemento del 0,25 % del valor del activo.

El mediador concursal cobrará:Durante los 6 primeros meses, a razón de un 10 % de sus honorarios al mes. (Cuando hayan activos. Sino, puede embargar salarios con las limitaciones legales.)

Posteriormente esta cantidad se reducirá a un 5 % mensual.

Hay que recordar que el deudor persona natural no empresario, está especialmente protegido, pues el mediador concursal que después sea nombrado administrador concursal en el concurso consecutivo no podrá percibir por el ejercicio del cargo más retribución que la que le hubiera sido fijada en el expediente de mediación extrajudicial, y hay que recordar que las actuaciones notariales o registrales descritas en el ley, no devengan ninguna retribución arancelaria.

Seguros, disminución del riesgo y disminución de la cuota

La afección que la crisis del coronavirus está teniendo y tendrá en la vida económica y comercial de nuestro país es un hecho que preocupa a toda la población. También es una realidad que la declaración del estado de alarma y las medidas tomadas a tal efecto han creado situaciones de excepcionalidad jurídica (suspensión de actuaciones procesales no urgentes, moratorias de préstamos hipotecarios, aplazamiento de impuestos, etc.). Pero ¿cómo puede afectar la declaración del estado de alarma a los contratos de seguro?

El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas”, establece nuestra Ley de Contrato de Seguro en su primer precepto.

En la medida en que el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma limita la circulación de las personas, o suspende la actividad educativa presencial, o la apertura al público de la gran mayoría de los locales o establecimientos, el riesgo de que se produzcan los eventos que habitualmente aseguran las compañías, en muchos casos disminuye notablemente. En ciertas ocasiones, prácticamente desaparece.

Pongamos varios ejemplos:

1. En un negocio de restauración, que actualmente se encuentra cerrado al público y cuya apertura no se permite, desaparece el riesgo de que un trabajador sufra un accidente laboral cubierto por un contrato de seguro, o se reduce considerablemente el riesgo de sufrir un incendio provocado por las propias instalaciones, ya que la cocina o los demás aparatos electrónicos no están en uso.

2. Igualmente se reducen los riesgos de que ocurran determinadas eventualidades aseguradas en un centro educativo que no tiene alumnos.

3. O la imposibilidad de desplazarte en coche ha reducido la siniestralidad.

4. El abanico de casuística puede ser inmenso y se va ampliando en la medida en que la propia legislación al respecto va aumentando también.

Pero la pregunta a la que tenemos que responder es si nuestro ordenamiento jurídico prevé esta situación excepcional. Y la respuesta es SI, el artículo 13 de la Ley del Contrato de Seguro,  que hace referencia a la disminución del riesgo asegurado.

En concreto, dicho texto permite al tomador o asegurado, estando vigente el contrato de seguro, informar al asegurador de las circunstancias que disminuyan el riesgo en caso de que si hubieran sido conocidas en el momento inicial de la relación contractual le hubieran llevado a contratar el seguro en condiciones más favorables.

Y la consecuencia de esta comunicación, será que  al finalizar el período en curso cubierto por la prima, deberá reducirse el importe de la prima futura en la proporción correspondiente. En otro caso, el tomador del seguro tiene derecho a resolver el contrato y a que la aseguradora le devuelva la diferencia entre la prima abonada y la que le hubiera correspondido pagar desde el momento en que comunicó la disminución del riesgo.

Por tanto, los tomadores de un seguro, y  los asegurados cuando se refiera a un comercio de hostelería, un centro educativo, museo, o de cualquier otra entidad cuya apertura al público está suspendida por medio del estado de alarma, y que precisamente cobran sentido como negocio sólo cuando sus instalaciones están abiertas al público,  o de un vehículo a motor que no puede circular debido al estado de alarma, deberán comunicar de manera fehaciente, y a la mayor brevedad posible, a sus compañías aseguradoras, la disminución de los riesgos asegurados por esta situación excepcional.

Nuestro despacho analizará su situación,  y le ofrecerá un asesoramiento detallado en defensa de sus intereses. Póngase en contacto con nosotros en info@salip-abogados.com o al 932019830.

¿Qué sucede con las entradas de espectáculos, eventos culturales, eventos especiales, galas, eventos deportivos, entre otros?

Ilustración de Dos Entradas Para Un Concierto De Guitarra En Vivo ...

Tras la emisión de los Reales decretos en los que se regula el estado de alarma, la situación de este tipo de ocio queda muy clara. En los casos en los que resulte imposible que se cumpla el objeto del contrato, el consumidor tiene derecho a anular la operación durante en plazo de 14 días.

Antes de dicho Real Decreto, para solicitar la devolución del coste de las entradas a espectáculos nos basábamos en el artículo 1105 del Código Civil donde se regula la fuerza mayor.

Pero, tras lo citado anteriormente, si procede la resolución del contrato, el titular del servicio deberá obligatoriamente devolver las cantidades que hayan sido abonadas por el usuario. Para realizar la devolución disponen de un plazo máximo de 14 días y deberá realizarse mediante la misma vía que se efectuó el pago salvo que se pacte previamente otra vía con el usuario final.

Aún así, cabe la posibilidad de que el prestador del servicio ofrezca una alternativa como puede ser una fecha alternativa para celebrar el evento o bien un bono sustitutorio para su disfrute posterior. Si en un plazo máximo de 60 días el usuario no acepta la propuesta alternativa, el prestador deberá obligatoriamente reembolsar las cantidades abonadas.

A pesar de todo esto, el prestador del servicio podrá descontar los gastos que le ocasione el reembolso.

Contacte con nosotros en el 932019830 o en info@salip-abogados.com