AUTÓNOMOS Y PYMES, ¿PUEDEN APLAZAR EL ALQUILER DEL LOCAL DE NEGOCIO?

. Se puede aplazar.
El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, regula medidas paliativas de los efectos de la pandemia, entre, otros, en relación a los arrendamientos de locales de negocio para autónomos y pymes.


1.1. ¿Cómo ha de hacerse? Art. 1 Real Decreto-ley 15/2020.


Si el arrendador es un gran tenedor -considerando como tal a empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal a la persona física o jurídica que sea propietario de más de 10 inmuebles urbanos – excluyendo garajes y trasteros-, o una superficie construida de más de 1.500 m2- el arrendatario deberá solicitar, en el plazo de un mes- desde la entrada en vigor del Real Decreto 15/2020, el pasado 23 de abril- una moratoria en el pago de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las sucesivas prórrogas, así como las mensualidades siguientes si los efectos negativos de la crisis sanitaria persistiesen, hasta un máximo de cuatro meses desde la finalización del estado de alarma.


La moratoria es obligatoria para el arrendador, si el arrendatario la solicita.


1.2. ¿Qué requisitos debe cumplir el arrendatario para solicitar las medidas? Art. 3 Real Decreto-ley 15/2020


Si arrendatario autónomo:


Estar afiliado y en situación de alta en la fecha de la declaración del Estado de Alarma en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.

Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


Si arrendatario pymes:


Que no superen los límites establecidos en el artículo 257 de la LSC esto es (a) que el activo no supere los 4.000.000 de euros; (b) que el importe neto de la cifra anual de negocios no supere los 8.000.000 de euros; y (c) que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.


Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


1.3. ¿Qué pasa con las rentas aplazadas?


Las rentas aplazadas deberán abonarse de forma fraccionada en el plazo de dos años desde la finalización de la moratoria o, en todo caso, desde la finalización del plazo de cuatro meses siguientes al fin del estado de alarma.


Si el plazo que resta de vigencia del contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas es inferior a los dos años indicados, en ese caso, las rentas aplazadas deberán abonarse en el tiempo que reste hasta la finalización del contrato de arrendamiento.


Este plazo será inferior si el tiempo de vigencia del contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas es inferior a los dos años referidos en cuyo caso las rentas aplazadas deberán abonarse en el tiempo que reste hasta la finalización del contrato de arrendamiento.


Consúltenos. Analizaremos su caso y le ofreceremos todas las claves para plantear la solicitud de
moratoria.


Para acceder al formulario de solicitud de moratoria, clicar aquí.

SOLUCIÓN ECONÓMICA

El 29/5/2015 publicábamos en el blog http://www.salipabogados.wordpress.com las nuevas medidas legales para ayudar a aquellas personas que han sufrido un fracaso económico empresarial o personal a causa de la crisis anterior de la burbuja inmobiliaria.

El deudor persona natural, autónomo o profesional “de buena fe”, podrá intentar un acuerdo extrajudicial de pagos o judicial y obtener el beneficio de liberarse de determinadas deudas pendientes.

Es evidente que el parón económico, por la crisis sanitaria, ya ha hecho mucho daño a la economía de las pequeñas empresas, autónomos y profesionales, y que entramos en una época de depresión, pues las medidas del gobierno, sin apoyo financiero de Europa por medio de “Corona-Bonos”, son totalmente insuficientes para una recuperación real de la economía.

El Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), consiste en que el deudor que presente en el Juzgado una propuesta de plan de pagos y quitas razonable, para pagar en un plazo de 5 años sin intereses, una vez oídos los acreedores por plazo de 10 días, será aprobado por el juez provisionalmente en los términos en que hubiera sido presentado o, con las modificaciones que se estimen oportunas.

Es importante tener presente que el deudor no deba más de 5 millones de euros.

Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos, el Juez reconocerá con carácter definitivo la exoneración, es decir el perdón, de las deudas objeto de quita.

Si no se hubiera podido cumplir el plan de pagos, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, el Juez también podrá declarar la exoneración definitiva de las deudas insatisfechas del deudor que hubiese destinado una parte importante de sus ingresos a su cumplimiento.

Es habitual que el empresario intente tirar del carro para salir de la crisis por sus propios medios, en ocasiones esperando la recuperación económica en tiempos mejores y poniendo sus ahorros en su negocio para intentar cumplir sus responsabilidades. Sin embargo todo ello, en ocasiones no es suficiente, o es imposible por deudas como las de Hacienda y Seguridad Social.

En esas ocasiones es importante vencer la reticencia natural del empresario a acogerse a estos beneficios legales, porque en otro caso, sucede con frecuencia, que finalmente por no poder pagar las deudas, se liquida en el Juzgado el negocio, lamentablemente por valores ridículos, pudiendo además el Juzgado condenar al empresario a pagar la diferencia entre el importe de la deuda y el menor importe que se ha obtenido de la liquidación judicial del negocio, con lo que finalmente el empresario pierde el negocio y también su patrimonio.

Por ello es importante un análisis detallado de la situación de cada negocio, que con un conocimiento técnico-legal especializado, permitirá una gran capacidad de negociación, y un asesoramiento adecuado que ofrezca la solución más certera en cada caso.

Estamos a su disposición para ofrecerle la mejor solución.

info@salip-abogados.com  –  Tel.  932019830

ATENCIÓN. SOCIEDADES EN ESTADO DE ALARMA

El RDL 8/2020 ha adoptado una serie de medidas encaminadas a solucionar obstáculos y paliar dificultades a los que se enfrentan las sociedades, durante la crisis sanitaria.

1.-  MEDIDAS RELATIVAS AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.

Durante el periodo de alarma y aunque no esté previsto en los estatutos:

(A) Las reuniones del órgano de administración y demás comisiones podrán celebrarse por videoconferencia.

(B) Los acuerdos del órgano de administración y demás comisiones  podrán adoptarse por escrito y sin sesión, si lo decide el presidente o lo solicitan dos de sus miembros.

2.-  MEDIDAS RELATIVAS A LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

(A) El plazo para formular las cuentas anuales será de tres meses a contar desde la fecha de finalización del estado de alarma.

El plazo para que la junta general se reúna para tratar sobre su aprobación es de otros tres meses desde que finalice el plazo para su formulación.

En el caso de las sociedades cotizadas, podrán celebrar la junta general ordinaria del 2020, hasta el 30 de octubre.

(B) En el caso de sociedades sujetas a auditoría obligatoria, si en la fecha de declaración del estado de alarma el órgano de administración ya hubiese formulado las cuentas anuales, el plazo para su verificación por el auditor se prorroga por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

3.- MEDIDAS RELATIVAS A LA JUNTA GENERAL

(A) El órgano de administración podrá desconvocar o modificar  la fecha de celebración de las junta generales convocadas antes de la declaración del estado de alarma.

Se requiere,  publicar un anuncio con una antelación mínima de 48 horas a la fecha prevista en la página web de la sociedad y, si no tuviera, en el  BORME. Si es para desconvocar la junta, el órgano de administración deberá convocarla dentro del mes siguiente a la finalización del estado de alarma.

(B) El notario requerido para asistir a la junta general de socios para levantar acta de la reunión podrá hacerlo por medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen el cumplimiento de su función.

4.-  OTRAS MEDIDAS APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE CAPITAL DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA

(A) Los socios no podrán ejercer el derecho de separación legal o estatutario.

(B) No se producirá la disolución de pleno derecho de aquellas sociedades para las que transcurriera su término de duración. La disolución solo se producirá transcurridos dos meses desde la finalización del estado de alarma.

(C) En el supuesto de sociedades que incurran en causa legal o estatutaria de disolución (en especial la reducción por pérdidas del patrimonio neto por debajo de la mitad de la cifra de capital social ex art. 363.1.e LSC), el plazo de convocatoria de la junta general por el órgano de administración (para acordar la disolución o enervar la causa de disolución) queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma.

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PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS COVID 19

Sabemos que la deseable recuperación de la actividad económica será lenta y difícil; que lo inmediato es atender las obligaciones con proveedores, personal, hacienda, seguridad social, etc., y que probablemente nos faltará apoyo de la Unión Europea.

Con el parón de la actividad, una gran parte de pequeños empresarios ya saben que no podrán atender a todas sus obligaciones. Lo que muchos no saben es el alcance de su responsabilidad y cómo afrontar esta situación.

Nadie quiere perder su negocio y, además, muchos empresarios se encuentran atrapados con hipotecas sobre sus bienes para garantizar las responsabilidades del negocio de su actividad o de su sociedad.

El primer peligro es la falta de tesorería, y con ella el imprescindible análisis del empresario para saber si va o no poder pagar, puesto que la Ley Concursal, en su Art. 5, le obliga a solicitar la declaración de Concurso de Acreedores dentro de los DOS MESES siguientes a la fecha en que hubiera podido o debido conocer que no podría pagar. Por lo tanto, para no incurrir en mayores responsabilidades, es preciso realizar de inmediato ese análisis y ver en qué situación se encuentra el negocio, para no caer en lo que frecuentemente sucede en situaciones de crisis, como es simular una situación patrimonial ficticia, sobre todo frente a proveedores, etc., para poder obtener los bienes y servicios que permitan continuar la actividad, ya que ello agravará la responsabilidad del empresario. (164.6).

Hay que tener en cuenta que se presume la culpabilidad del empresario cuando no presentó el concurso dentro de esos dos meses (165.1), y esa responsabilidad alcanza a directores y gerentes, pudiendo incluso suceder que sean condenados por el Juez a la indemnización de los daños y perjuicios causados (172.3).

¿Al pago de qué importe pueden ser condenados? Pueden ser cifras muy importantes, pues la Ley establece que será la diferencia entre el importe total de las deudas y el valor por el que se hayan liquidado los bienes de esa empresa.

El gobierno debería modificar la Ley Concursal, para evitar las graves consecuencias legales que hoy por hoy puede suponer para los empresarios, y así evitar la “liquidación forzosa” en un concurso o, mucho peor, fuera de él, de empresas que son, en definitiva, imprescindibles para que la economía resurja, y se genere empleo. Lamentablemente todos los indicios muestran que el gobierno no lo hará. Por ello es fundamental la previsión y el asesoramiento.

Contamos con un departamento especializado en Derecho Concursal y derecho de empresa, donde podemos examinar y facilitar la solución jurídica que su empresa pueda precisar.

Novedades del Derecho de Separación de Socios por incumplimiento del Reparto obligatorio de dividendos

foto dividendos

La distribución de dividendos es un derecho de los socios, y para protegerlo en 2011 se reformó la Ley de Sociedades del Capital, introduciendo el artículo 348 bis, que otorgaba a los socios el derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos, es decir, la facultad de recibir el valor de su parte de la sociedad en caso de que no se repartieran estos beneficios.

Este derecho sirve para proteger al socio minoritario de un posible abuso de la mayoría, consistente en que éstos bloquearan el reparto de dividendos.

Una vez creado este derecho se observó que era una fuente de conflictos, puesto que la obligación de tener que pagar a los socios el valor de su participación en la sociedad puede dejar sin liquidez a la sociedad y que se tenga que declarar en concurso de acreedores. Tanta conflictividad ha causado este artículo que se suspendió su aplicación entre el 24 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, ya que lo que se suponía una medida para controlar el abuso de la mayoría, se estaba convirtiendo en un abuso de los socios minoritarios sobre la mayoría de la sociedad.

El 28 de diciembre del pasado 2018 se publicó la Ley 11/2018 que vuelve a modificar este derecho, añadiendo más requisitos para poder ejercer el derecho de separación, entre otras novedades.

Las principales novedades son:

  • La posibilidad de excluir o modificar la causa de separación por estatutos.
  • Que el socio que inste la separación debe hacer constar su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos en caso de que la junta general no acuerde su distribución.
  • Requisito de que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores.
  • El porcentaje de división de dividendos mínimo se rebaja, de un tercio a un 25%.
  • Se excluye la posibilidad de separación si en los últimos cinco años se han distribuido un 25% de los beneficios legalmente distribuibles durante ese periodo.
  • Se amplía el derecho de separación también para un socio minoritario de la sociedad dominante de un grupo de sociedades.
  • Se amplían los supuestos de excepción en la aplicación de este derecho.

Sobre estas novedades hay que matizar dos supuestos:

  • En el caso de excluir o modificar por estatutos la causa de separación, será necesario el consentimiento de todos los socios. No será así si se reconoce el derecho de separación para quien no haya votado a favor del acuerdo.
  • En el caso de las excepciones, además de las sociedades cotizadas, se incluye las sociedades en concurso o en negociación previa al concurso, y las Sociedades Anónimas Deportivas.

EL EMPRENDEDOR Y EL INVERSOR

emprendedor

La relación entre los emprendedores, y start-ups, o empresas en funcionamiento que desean ampliar sus inversiones y los diferentes tipos de inversores son más complejas que las habituales relaciones contractuales. 

La gracia de estas relaciones consiste en encontrar un buen encaje contractual ya en la fase inicial, que permita aunar voluntades para establecer una relación sólida y transparente entre el emprendedor, que es el creador de un plan de negocio, y los inversores, bancos e instituciones que aportan capital. Un buen asesoramiento ayudará a conseguir los objetivos perseguidos, y evitar frustraciones y en mucho casos litigios que duran años.

Ello requiere que los pactos sean más sofisticados y menos estandarizados. En éstos casos son muy comunes los pactos de socios, los contratos de inversión, los contratos de toma de participación y los estatutos sociales con cláusulas especiales, entre otros.

El inversor es aquella empresa privada que inyecta capital, o bien “business angel” que ayuda a levantar (aportar) capital para inyectar en la empresa del emprendedor, de la que en la mayoría de los casos será socio, además de aportar otra serie de ayudas a la buena marcha del proyecto, como su experiencia, visión del negocio, know how, etc. En muchos casos el inversor asume que el riesgo de su inversión únicamente estará garantizado por la evolución del negocio.

Los inversores regulan la relación contractual con el emprendedor de modo que les permita tener el control absoluto del proyecto. Algunas de las cláusulas más relevantes son las siguientes:

1. RETRIBUCIÓN U HONORARIOS DEL INVERSOR: En dicha cláusula normalmente se establece una parte fija, y otra variable según el éxito de la operación (“success fee”), con el objetivo de que el inversor se asegure beneficios, por ésta vía o por el valor de su cuota en la sociedad

2. DEDICACIÓN EXCLUSIVA: La cláusula de exclusividad, permanencia y no competencia, liga al emprendedor y le impide cualquier actuación fuera del ámbito del proyecto, y además le  prohíbe cualquier actuación que pueda resultar una distracción del mismo.

3. SUPERVISIÓN: El inversor estará interesado en establecer un seguimiento de la empresa a realizar por alguien a tal efecto, que puede ser una auditoría o verificación contable acompañada de otra de seguimiento de los hitos que debe ir alcanzando el proyecto.

4. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES: Entre otros, el inversor estará interesado en establecer condiciones como el acompañamiento y el arrastre en la venta para controlar al emprendedor.

5. INCUMPLIMIENTO: Interesa prever los casos en los que se podrá considerar que el emprendedor ha incumplido las obligaciones contractuales y que dan lugar a una indemnización. Por ejemplo, el incumplimiento del pacto de exclusividad por considerarse un daño irreparable.

6. MANIFESTACIONES Y GARANTÍAS: Las partes incluyen  una lista de manifestaciones para dar una imagen de la situación actual de la empresa, entre otros, y garantizar su veracidad. Si posteriormente el inversor comprueba su inexactitud, puede dar lugar a responsabilidad civil por incumplimiento.

7. CONDICIONES SUSPENSIVAS: El inversor puede estar interesado en establecer ciertas condiciones suspensivas cuyo cumplimiento supedite la validez y ejecución del contrato. Entre otros, para garantizar la veracidad de las manifestaciones del emprendedor, puede condicionar la ejecución del contrato al resultado de la Due Diligence correspondiente.

8. CONFIDENCIALIDAD: prohíbe al emprendedor revelar información.

Para más información, véase en nuestra página web http://www.salip-abogados.com el documento “El emprendedor y el inversor”.

En Barcelona a 12/07/2016

LOS 4 DELITOS SOCIETARIOS

encarcelado Ejecutivo

LOS 4 DELITOS SOCIETARIOS

Son los de toda la vida, y consisten en falsear documentos, imponer acuerdos lesivos a los otros socios, e impedirles que ejerciten sus derechos, muchas veces para escapar al control que pueda descubrir el delito. También veremos como cambia la administración desleal y las apropiaciones con la reforma del año 2015. (1.)

1º.: FALSEAMIENTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS  

Los Administradores, de hecho o de derecho, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, o a alguno de sus socios, o a un tercero.

Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior. (2.) Art. 290.

2º.: IMPOSICIÓN DE ACUERDOS

Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o el órgano de administración, …, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma.   Art.291.

Los que impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio, o procedimiento semejante y sin perjuicio de castigar el hecho de como corresponde si constituyese otro delito. (3.) Art. 292.

3º.: DERECHOS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal, negaren o impidieren un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o el control de la actividad social o suscripción preferente de acciones reconocidos por las leyes. (4.) Art. 293.

4º.: IMPEDIR ACTUACIÓN DE SUPERVISOR DE MERCADOS

Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras. (5 y 6.) Art. 294

QUIEN PUEDE PERSEGUIR EL DELITO.

Tiene importancia que sólo serán perseguibles mediante denuncia de la “persona agraviada”  (representante legal o tutor), salvo cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una Pluralidad de personas. Art. 296.

CAPÍTULO APARTE MERECEN DOS DELITOS

 A.  LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DESLEAL

Los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, …, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado. (7.) Art. 252 

B. ANTIGUA ADMINISTRACION DESLEAL. APROPIACION INDEBIDA

La antigua administración desleal, ahora se mantiene bajo la forma de la apropiación indebida (9.), y en este sentido:

Los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligacion de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido. Art. 253. (8)

Se requiere:

  1. Que el dinero, efectos, valores, etc. lo reciba de forma legítima, y la esa posesión legítima el autor del delito la trasforme mas tarde en ilegítima. (10.)
  1. El sujeto tiene que tener la obligación de devolver el material de objeto del delito, o entregarlo a un tercero, lo que excluye poseer como dueño, sin importar que el culpable del haga ostentación a título de dueño.
  1. La apropiación dębe ser con ánimo de lucro. Así la inicial posesión legitima se trasforma en ilegítima, y dębe tener vocación de permanencia, carácter definitivo revelador de la intención de hacer suyo lo que no lo es, y este elemento concurre también cuando él niega haber recibido el objeto material del delito, negación que causa perjuicio al verdadero dueño debido a la desposesión.
  1. Finalmente se requiere que la conducta llegue un producir un resultado lesivo, es decir, un perjuicio patrimonial para el el tercero, normalmente que normalmente será la perdida de la cosa que obtiene el autor del delito. (11.)

 

NOTAS  
1. Se entiende por sociedad, toda Cooperativa, Caja de Ahorros, Mutua, entidad financiera o de crédito, la Fundación, la Sociedad Mercantil, o cualquier otra Entidad de naturaleza análoga que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado.
2. Prisión de 1 a 3 años y Multa de 6 a 12 meses.
3. Prisión de 6 meses a 3 años o Multa del tanto al triplo del beneficio del.
4. Multa de 6 a 12 meses.
5. Prisión de 6 meses una 3 años o multa de 12 a 24 meses. 
6. Se podra acordar: Como medida cautelar por el Juez Instructor de la intervención judicial, la clausura temporal de los locales o establecimientos, y la suspensión de las actividades durante la instrucción de la causa 
7. Si La cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, pena de multa de 1a 3 meses. 
8. Antigua Administración Arte Desleal. 295 del CP 
También ha desparecido Lreferencia al depósito necessario o miserable del antiguo art. 252 del CP que se fundamentaba en la especial situación de necesidad. 
9.  Se castiga con las mismas penas del delito de estafa del art. 249 o 250: Prisión de 6 meses a 3 años, y los tipos agravados 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses y los hiper agravados: Prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses 
10. Sentencia Tribunal Supremo 537/2014, de 24 de junio 
11. Sentencia Tribunal Supremo 121/2014, de 19 de Febrero

Adaptado a la Ley Orgánica 5/2015 de 30/III, de modificación del Código Penal que entra en vigor el 1/7/2015

 

 

El transportista será responsable del robo de la mercancía si se demuestra que no actuó con la debida diligencia.

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Los transportistas por carretera deben elegir con cuidado el lugar destinado para su pernocta, y como va protegida su mercancía, pues si incumplen su deber de custodia de la mercancía, lo más probable es que sean condenados como responsables de su robo.

3 Camiones

La Sala Primera del TS ha dictado una sentencia 399/2015, de 10 de julio de 2015 (Rec. 2018/2013, Ponente: señor Orduña Moreno), que desestima el recurso de casación que interpuso el transportista condenado en la primera instancia y fundado en la infracción del artículo 29 en relación con los artículos 17.2 y 23 del Convenio de 19 de mayo de 1956, relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (CMR).

La sentencia del TS interpreta el alcance de la excepción a los límites de la indemnización por daños del artículo 62 de la Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías.

Consolida la doctrina jurisprudencial aplicable en supuestos de indemnización por los daños ocasionados al producirse un robo de la mercancía transportada: para apreciar la exclusión o limitación de la responsabilidad del porteador, o la inversión en la carga de la prueba, este debe haber actuado sin dolo, entendido éste en sentido amplio.

De manera que si, atendidas las circunstancias del robo, la conducta del transportista se puede incluir en el concepto de “dolo eventual” (actuar con negligencia en el cuidado de la mercancía por ejemplo), aún sin ánimo de perjudicar, responderá por los daños ocasionados.  

La Sala considera que «las circunstancias que concurrieron en el robo de la mercancía, (estacionamiento en lugar peligroso, accesible y no vigilado, débil protección de la mercancía en un remolque cubierto por una lona y ausencia de vigilancia por el conductor) permiten que la calificación de la conducta del transportista tenga acogida en el sentido amplio del dolo, respecto del incumplimiento de los deberes elementales de la obligación de custodia que le incumbía; extremo que justifica la no aplicación de los límites cuantitativos derivados del artículo 23, en relación al artículo 29 del CMR».

 

NORMATIVA.
Art. 17. 2. El transportista está exonerado de esta responsabilidad si la pérdida, avería o retraso ha sido ocasionado por culpa del que tiene derecho sobre la mercancía o por una instrucción de éste no resultante de una acción culposa del transportista, por vicio propio de la mercancía o por circunstancias que el transportista no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir.
Art. 23. 1. Cuando, en virtud de las disposiciones de este Convenio, el transportista tenga que abonar una indemnización por pérdida parcial o total de la mercancía, esta indemnización será calculada de acuerdo con el valor que tenía la mercancía en el tiempo y lugar en que el transportista se hizo cargo de ella.

2. El valor de la mercancía se determinará de acuerdo con su cotización en Bolsa o, en su defecto, de acuerdo con el precio corriente en el mercado, y en defecto de ambos, de acuerdo con el valor corriente de mercancía de su misma naturaleza y calidad.

3. En todo caso, la indemnización no puede exceder de 8,33 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto faltante.

4. Serán además reembolsados el precio del transporte, los derechos de Aduana y demás gastos devengados con ocasión del transporte de la mercancía, en su totalidad en caso de pérdida total y a prorrata en caso de pérdida parcial; no se deben otros daños y perjuicios.

5. En caso de retraso, si el que tiene derecho sobre la mercancía prueba que resultó un perjuicio, el transportista quedará obligado a pagar por este perjuicio una indemnización que no excederá del precio del transporte.

6. Indemnizaciones de sumas superiores no podrán ser reclamadas, a menos que exista declaración de valor de la mercancía, o declaración de interés especial en la entrega, de conformidad con los arts. 24 y 25.

7. La unidad de cuenta a que se refiere el presente Convenio es el Derecho Especial de Giro, tal como lo define el Fondo Monetario Internacional. El montante referido en el párrafo 3 del presente artículo se convertirá en la moneda nacional del Estado del Tribunal que conozca el litigio, en base al valor de dicha moneda en el momento del juicio o en la fecha que de común acuerdo establezcan las partes.

El valor de la moneda nacional, en términos de Derechos Especiales de Giro, de un Estado miembro del Fondo Monetario Internacional, se calculará según el método de evaluación aplicado por el Fondo Monetario Internacional para sus propias operaciones y transacciones, en la fecha en cuestión. El valor de la moneda nacional, en términos de Derechos Especiales de Giro, de un Estado que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional, se calculará en la forma determinada por este Estado.

8. En todo caso un Estado que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional y cuya legislación nacional no permita la aplicación de lo previsto en el párrafo 7 del presente artículo, puede, en el momento de ratificación del Protocolo de 5 de julio de 1978, o de adhesión al mismo, o en cualquier momento posterior, declarar que el límite de responsabilidad previsto en el párrafo 3 del presente artículo, y aplicable en su territorio, queda establecido en 25 unidades monetarias. La unidad monetaria a que se refiere este párrafo corresponde a 10/31 de gramo de oro de novecientas milésimas de ley. La conversión en moneda nacional del montante indicado en el presente párrafo se efectuará de acuerdo con la legislación del Estado de que se trate.

9. El cálculo a que se refiere la última frase del párrafo 7, y la conversión mencionada en el párrafo 8 del presente artículo, deben hacerse de tal modo que expresen, en la moneda nacional del Estado, y en la medida de lo posible, el mismo valor real que el expresado en unidades de cuenta en el párrafo 3 del presente
artículo. Al tiempo de depositar el instrumento referido en el art. 3 del Protocolo de 5 de julio de 1978 y cada vez que se produzca un cambio en su método de cálculo o en el valor de su moneda nacional en relación a la unidad de cuenta o a la unidad monetaria, los Estados comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas su método de cálculo conforme al párrafo 7, o los resultados de la conversión conforme al párrafo 8 del presente artículo, según el caso.

Ley de Segunda Oportunidad

2ª oportunidadEsta Ley pretende  un acuerdo extrajudicial de pagos para ayudar a aquellas personas que han sufrido un fracaso económico empresarial o personal a causa de la crisis.

Este acuerdo es el primer paso del proceso de segunda oportunidad, y consiste en que deudor y acreedores  alcancen el acuerdo extrajudicial de pagos.

La Solicitud de Acuerdo Extrajudicial  debe acompañar un “Inventario de Bienes” y una “Lista de Acreedores”, sin embargo deberá realizarse por medio de un complejo formulario.

El Consejo General del Poder judicial debe informar sobre el proyecto de formulario que ha preparado  el Ministerio de Justicia.

El informe del órgano de gobierno de los Jueces es demoledor:

  1. Indica que la redacción de la norma es “excesivamente prolija y enrevesada,  que difícilmente podrá lograr el objetivo que persigue, y que se echa de menos una mayor atención “tanto a la sistemática como a los términos, gramática y conceptos utilizados en la norma”.
  2. Además que le falta claridad y sencillez, y también considera que se deberían reducir los documentos cuya presentación se exige”.

En Salip-Abogados, la solución, le resultará fácil.

Véase nuestro blog, el “acertijo sobre el número de modificaciones que ha sufrido la joven Ley Concursal desde el año 2003”

Puede examinar el contenido de la norma en este sitio: https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8469.pdf

En Barcelona, a 29/9/2015

POSIBLE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO EN CASO DE VENTA POSTERIOR DE LA VIVIENDA ADJUDICADA PREVIAMENTE EN SUBASTA POR LA ENTIDAD ACREEDORA

casa billetes

El Pleno de la Sala de lo Civil del TS ha dictado una sentencia a principios de año (13/01/2015), por la que matiza su jurisprudencia sobre la no apreciación de enriquecimiento injusto en caso de adjudicación al ejecutante del bien ejecutado por la mitad del valor de tasación.  La matización viene al precisar que sí cabría apreciar tal enriquecimiento en aquellos casos en que  la ejecución fuera seguida de una posterior enajenación del bien por un precio muy superior al de la adjudicación.

La sentencia en cuestión analiza la posible existencia de un enriquecimiento injusto y abuso de derecho en la posición de una entidad bancaria acreedora que, una vez adjudicado el bien hipotecado en subasta pública por el 50% del valor de tasación, y no ver satisfecho la totalidad de su crédito,  presenta demanda de juicio declarativo contra los prestatarios y sus dos fiadores por la parte del crédito no satisfecha (es decir, por la diferencia entre la deuda y el valor por el que se le adjudicó el inmueble, más intereses y costas de la ejecución).

Los demandados se opusieron a la reclamación del banco por entender que con la adjudicación del inmueble en el procedimiento de ejecución hipotecaria, la deuda debía reputarse satisfecha, en atención al valor de tasación que el propio banco atribuyó a la finca en la escritura de constitución de la hipoteca. También se argumentaba que la reclamación de la entidad bancaria constituía un abuso de derecho por parte de la entidad bancaria que, a su entender, pretendía un enriquecimiento injusto.

El Juzgado de primera instancia estimó la demanda de la entidad bancaria argumentando que sobre la base de la doctrina legal y jurisprudencial acerca de la responsabilidad personal e ilimitada del deudor, no cabía apreciar enriquecimiento injusto cuando el beneficio patrimonial es consecuencia de una expresa disposición legal que la autoriza (art. 105 LH y art. 1911 CC).  Amparo su argumento en la Sentencia de la Sala primera del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2006.  Así mismo el Juzgado de Primera Instancia también rechazó que concurriera abuso de derecho en la reclamación de la entidad acreedora.  Los demandados recurren en apelación y la Audiencia Provincial de Córdoba estimó el recurso por entender que al ser el valor real del bien al tiempo de su adjudicación en la subasta judicial superior, no sólo a la cantidad por la que el banco había instado la ejecución, sino también a la que se exigía como remanente del crédito, la obligación crediticia quedaba satisfecha con la adjudicación del referido inmueble. La Audiencia distingue dos escenarios en el ámbito de la subasta judicial (i) que concurran licitadores y uno de ellos ofrezca una postura legalmente admisible; y (ii) que, por quedar desierta la subasta, el acreedor pida en el plazo de 20 días la adjudicación del bien por una cantidad igual o superior al 50% de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba. En el segundo caso, a juicio de la Audiencia, estaríamos ante una medida sustitutiva de la dación en pago hipotecaria.

Interpuesto recurso de casación por la entidad bancaria, el Tribunal Supremo estima el recurso bajo los siguientes argumentos:

  1. No se trata de una dación en pago, ya que se impone la responsabilidad patrimonial universal que dice que el deudor debe responder de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros (art. 1911 Código Civil).
  2. Que la normativa vigente no prevé la adjudicación de la vivienda por el importe total adeudado, garantizado con la hipoteca, sino que expresamente legitima al acreedor hipotecario para optar por la adjudicación del bien por el 50% de su valor de tasación, sin perjuicio de que en reformas posteriores legislativas este porcentaje se hubiera incrementado (al 60% y luego al 70%), en caso de vivienda habitual del deudor.
  3. Por ello, concluye que la facultad del banco de reclamar al hipotecado la deuda hipotecaria no satisfecha con la adjudicación de la vivienda por el 50% del valor de tasación en principio no podía considerase un supuesto de enriquecimiento injustificado.
  4. Sin embargo, dice el TS que esa doctrina se debe matizar si tras la adjudicación, en un “lapso de tiempo relativamente próximo”, el acreedor hubiera obtenido una plusvalía “muy relevante”, en este caso si podría advertirse la existencia de enriquecimiento injusto, pues este hecho demostraría que el crédito debía haberse tenido por satisfecho en una proporción mayor, y al no serlo, el acreedor obtiene un enriquecimiento injusto con la plusvalía.

Considera el Tribunal Supremo que esta matización encuentra su amparo en las últimas reformas legales y, en concreto, en la actual redacción del art. 579.2 LEC tras la ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social que prevé en las adjudicaciones de vivienda habitual, que si se hubiera aprobado el remate o la adjudicación a favor del ejecutante o de aquél a quien le hubiera cedido el derecho, y éstos, o cualquier sociedad de su grupo, dentro del plazo de 10 años a contar desde la adjudicación, procedieran a la enajenación de la vivienda, la deuda remanente que corresponda pagar al ejecutado en el momento de la enajenación se verá reducida en un 50 por cien de la plusvalía obtenida en tal venta.

Lo que no queda aclarado en la sentencia, es si esta nueva doctrina se aplicará únicamente a los supuestos de adjudicación de la vivienda habitual o se podrá aplicar analógicamente a otros supuestos, o si el plazo de 10 años referido en el núm. 2 del art. 579 de la LEC debe considerarse como referente de lo que la sentencia refiere como “lapso de tiempo relativamente próximo” para justificar la existencia de una plusvalía por parte del ejecutante que dé lugar a un enriquecimiento injusto.

En todo caso, esta matización introducida por el Alto Tribunal es un límite más a las prácticas abusivas con las que han venido operando muchas entidades bancarias.