LOS 4 DELITOS SOCIETARIOS

encarcelado Ejecutivo

LOS 4 DELITOS SOCIETARIOS

Son los de toda la vida, y consisten en falsear documentos, imponer acuerdos lesivos a los otros socios, e impedirles que ejerciten sus derechos, muchas veces para escapar al control que pueda descubrir el delito. También veremos como cambia la administración desleal y las apropiaciones con la reforma del año 2015. (1.)

1º.: FALSEAMIENTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS  

Los Administradores, de hecho o de derecho, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, o a alguno de sus socios, o a un tercero.

Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior. (2.) Art. 290.

2º.: IMPOSICIÓN DE ACUERDOS

Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o el órgano de administración, …, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma.   Art.291.

Los que impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio, o procedimiento semejante y sin perjuicio de castigar el hecho de como corresponde si constituyese otro delito. (3.) Art. 292.

3º.: DERECHOS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal, negaren o impidieren un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o el control de la actividad social o suscripción preferente de acciones reconocidos por las leyes. (4.) Art. 293.

4º.: IMPEDIR ACTUACIÓN DE SUPERVISOR DE MERCADOS

Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras. (5 y 6.) Art. 294

QUIEN PUEDE PERSEGUIR EL DELITO.

Tiene importancia que sólo serán perseguibles mediante denuncia de la “persona agraviada”  (representante legal o tutor), salvo cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una Pluralidad de personas. Art. 296.

CAPÍTULO APARTE MERECEN DOS DELITOS

 A.  LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DESLEAL

Los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, …, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado. (7.) Art. 252 

B. ANTIGUA ADMINISTRACION DESLEAL. APROPIACION INDEBIDA

La antigua administración desleal, ahora se mantiene bajo la forma de la apropiación indebida (9.), y en este sentido:

Los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligacion de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido. Art. 253. (8)

Se requiere:

  1. Que el dinero, efectos, valores, etc. lo reciba de forma legítima, y la esa posesión legítima el autor del delito la trasforme mas tarde en ilegítima. (10.)
  1. El sujeto tiene que tener la obligación de devolver el material de objeto del delito, o entregarlo a un tercero, lo que excluye poseer como dueño, sin importar que el culpable del haga ostentación a título de dueño.
  1. La apropiación dębe ser con ánimo de lucro. Así la inicial posesión legitima se trasforma en ilegítima, y dębe tener vocación de permanencia, carácter definitivo revelador de la intención de hacer suyo lo que no lo es, y este elemento concurre también cuando él niega haber recibido el objeto material del delito, negación que causa perjuicio al verdadero dueño debido a la desposesión.
  1. Finalmente se requiere que la conducta llegue un producir un resultado lesivo, es decir, un perjuicio patrimonial para el el tercero, normalmente que normalmente será la perdida de la cosa que obtiene el autor del delito. (11.)

 

NOTAS  
1. Se entiende por sociedad, toda Cooperativa, Caja de Ahorros, Mutua, entidad financiera o de crédito, la Fundación, la Sociedad Mercantil, o cualquier otra Entidad de naturaleza análoga que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado.
2. Prisión de 1 a 3 años y Multa de 6 a 12 meses.
3. Prisión de 6 meses a 3 años o Multa del tanto al triplo del beneficio del.
4. Multa de 6 a 12 meses.
5. Prisión de 6 meses una 3 años o multa de 12 a 24 meses. 
6. Se podra acordar: Como medida cautelar por el Juez Instructor de la intervención judicial, la clausura temporal de los locales o establecimientos, y la suspensión de las actividades durante la instrucción de la causa 
7. Si La cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, pena de multa de 1a 3 meses. 
8. Antigua Administración Arte Desleal. 295 del CP 
También ha desparecido Lreferencia al depósito necessario o miserable del antiguo art. 252 del CP que se fundamentaba en la especial situación de necesidad. 
9.  Se castiga con las mismas penas del delito de estafa del art. 249 o 250: Prisión de 6 meses a 3 años, y los tipos agravados 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses y los hiper agravados: Prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses 
10. Sentencia Tribunal Supremo 537/2014, de 24 de junio 
11. Sentencia Tribunal Supremo 121/2014, de 19 de Febrero

Adaptado a la Ley Orgánica 5/2015 de 30/III, de modificación del Código Penal que entra en vigor el 1/7/2015

 

 

UN ABUSO TíPICO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS: CLAUSULA DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO.

UNO DE LOS ABUSOS TIPICOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, ES EN MUCHAS OCASIONES LA CLAUSULA DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO.Bank2

En el contrato de préstamo de cualquier clase que Ud. celebra con su banco o entidad financiera,  estará incluida la previsión de que,  en el caso de que Ud. no pague algunas cuotas, su entidad financiera podrá dar por vencidas todas las cuotas futuras, y por tanto reclamárselas para que las pague Ud. de una sóla vez y de forma inmediata.

Evidentemente cualquiera puede sufrir una situación económica difícil en algún momento, pues bien, en estos casos, estamos acostumbrados a ver que algunas entidades, no sólo no tienen comprensión, sino que, bajo la excusa de que no son una entidad benéfica, piensan que tienen que apresurarse a ejecutarle, antes de que puedan venir otros acreedores, y entienden que así intenta disminuir el riesgo.

Tuvo que aprobarse la ley 1/2013, para intentar adaptar nuestra legislación a la Sentencia TJ Unión Europea de 14 de marzo de 2013, que intentó poner remedio, a situaciones de abusos, frente a los que la impotencia era muy importante.

De esta forma, ya se puede intentar obtener la nulidad de esta ejecución bancaria, que puede afectar a la cantidad reclamada, máxime en los contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en un período limitado.

Corresponderá al juez valorar si la facultad de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial analizando la relación contractual concreta, y valorar si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave, con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, y si dicha facultad, constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia.

Sin embargo en ocasiones, se entiende que la cláusula no es abusiva en atención a la reforma dicha, que posibilita la enervación (ruptura) de la acción hipotecaria, (ex artículo 693.3 de la LEC.,) donde  hasta el día señalado para la celebración de la subasta, podrá el deudor liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte.

Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el consentimiento de la entidad financiera acreedora, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior.

Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones siempre que, al menos, medien tres años entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor.

Por tanto, declarar abusiva la cláusula puede dar lugar a que se despache ejecución solo por las cuotas efectivamente vencidas e impagadas, previa reliquidación de la deuda.

Ello podría dar lugar a ciertos problemas, en el momento de subastar la finca y adjudicarla por cantidades superiores a las debidas, con obligación de que normalmente la entidad financiera ejecutante devuelva el exceso. Será poco probable, conociendo como funcionan las subastas en nuestro país, pero es un caso que podría darse.

De todos modos considerar válida la cláusula, porque existe la posibilidad de enervar la acción, plantea serías dudas de los casos en los que legalmente, no es posible enervar por:

  1. Tratarse de una segunda residencia.
  2. Por haberse enervado la acción en un momento anterior dentro del plazo de tres años.

En estos casos la alternativa que podría adoptar el Juez, sería o considerar nula la cláusula de vencimiento anticipado o bien interpretar el precepto conforme a derecho comunitario y permitir así el Juez, la enervación en todo caso.

Veremos que irá sucediendo.

Tragedia en el Tribunal de Milán.

TRibu MIlan Resolucion recortada

El presunto culpable de un Concurso de Acreedores (quiebra fraudulenta), Claudio Giardello, se ha presentado esta mañana con una pistola en la Sala del Tribunal Mercantil, donde se estaba celebrando la vista sobre la responsabilidad del empresario.

Ha apretado el gatillo, ha disparado 13 tiros, y ha matado de dos tiros al Juez Fernando Ciampi, también ha matado al que fué su joven abogado Alberto Claris Appiani y ha disparado también contra otro responsable del concurso culpable Giorgio Elba, y el asesor contable

El “Killer” como le llama la prensa Italiana. se habría hecho pasar por abogado para no pasar por el arco de seguridad, y poder entrar con una pistola de calibre 7,65 y dos cargadores llenos.

Estaba desesperado por múltiples deudas y reclamaciones judiciales, y quiso vengarse de todos cuantos equivocadamente consideró responsables de su situación.

Se ha desalojado toda la Sede del Tribunal de Milán, situado en el centro de la ciudad  junto a la Catedral.

Posteriormente ha sido detenido de su huida en scooter.

Trib MIlan POli 2

Adjudicaciones (y sus excesos) y transmisiones exentas de impuestos. Por matrimonio, divorcio o disolución de la comunidad.

Bankruptcy-Attorney3

Están exentas de impuestos las adjudicaciones de bienes entre cónyuges que se hagan a la disolución, sobre los bienes comunes.

Normativa:

Real Decreto Legislativo 1/93 de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LITP y AJD. Art. 45.1. .b).  Exentos.

Las aportaciones de bienes y derechos verificados por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su haber de gananciales.

Real Decreto 828/1995 de 29 de mayo. Reglamento del ITP Art. 88.1.b. Exentas:

3 las aportacioens de bienes y derechos verificadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que en su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan los cónyuges en pafo de su haber ganancial.

Art. 32.3. Tampoco motivaran liquidacion por la modalidad de TPO los excesos de adjudicacion declarados que resulten de las adjudicaioces de bienes que sean efecto patrimonial de la disolución del matrimonio o del cambio de su régimen económico, cuando sean consecuencia necesaria de la adjudicación a uno de los cónyuges de la vivienda habitual del matrimonio,

Art. 61.2 La disolución de comunidad de bienes que no hayan realizado actividades empresariales, siempre que las adjudicaciones guarden la debida proporción con las cuotas de titularidad, sólo tributarán, en su caso, por actos jurídicos documentados.

 

Consideraciones sobre la no aplicación a un supuesto concreto planteado las exenciones referidas en la normativa anterior.

Supuesto:

Ímpago de la pensión de alimentos por el padre, titular de la vivienda cuyo uso vino atribuido a la esposa y a los hijos en la Sentencia de Divorcio del año1998.  Los ex cónyuges, para regularizar la situación de ímpago de los alimentos, acuerdan que el padre transmita la titularidad de la vivienda a la progenitora materna.

¿Esta operación está sujeta al ITP o está exenta?.

En el momento en que se quiere efectuar la transmisión de la propiedad en compensaciòn del pago de la deuda existente (por ímpago de la pensión de alimentos), el vinculo matrimonial es inexistente, pues la disolución del matrimonio por divorcio proviene del año 1998 (art. 85 del CC). En este momento –de efectuar la transmisión- no se está disolviendo nada, ni el matrimonio ni la (inexistente) comunidad que el matrimonio pudiera tener sobre el piso.

A mayores, en el caso de que existiera una comunidad sobre el piso –inexistente, pues el bien es privativo, titulalridad únicamente del ex marido-, estaríamos en el regimen de separación de bienes, no de sociedad de gananciales y por tanto, y según la Sentencia  de 30 de abril de 2010 de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso nº 21/2008, interpuesto en interés de ley por el Letrado de la Generalitat, que  fija como doctrina legal que:

En el supuesto de adjudicaciones y transmisiones originadas por la disolución del matrimonio, y previsto en el art. 45.I.B 3 del real Decreto Legislativo 1/1993, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre TP y AJD, la exención de tributos únicamente es aplicable a las disoluciones en que haya sido efectiva la comunidad de bienes (sociedad conyugal), por tanto, esta exención no es aplicable a los supuestos en que rija un régimen económico matrimonial de separación de bienes.

De esta forma el TS viene a corregir la doctrina que fijaba la Sentencia de 26 de abril de 2007 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo núm. 1239/2003  por considerarla errónea y gravemente perjudicial para el interés general. Hasta esta sentencia del TS, el TSJC tenía sentada como doctrina legal que; “no se podía asimilar la relación matrimonial y sus relaciones económicas –asentada siempre sobre las relaciones personales- a una comunidad de bienes ordinaria, ya que el matrimonio, como una de las instituciones básicas del derecho de familia debe de estar asegurada de protección social, económica y jurídica por los poderes públicos (art. 39 CE), incluso cuando se disuelve por unas causas específicas legalmente previstas, disolución que comportaría la liquidación del régimen económico matrimonial. Por todo ello, del mismo modo que el derecho civil por imperativo constitucional protege a la familia el Derecho Fiscal prolonga esa protección a las complejas relaciones económicas que generan las situaciones de crisis –separación, nulidad o divorcio-. Al aplicar una exención tanto a las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su haber de gananciales, como a las originadas en otros regímenes distintos al de ganancialeso cualquiera otro de comunidad regulado en el Derecho foral- sin que exista prohibición alguna, atendida la redacción del primer inciso del precepto , para aplicar dicho beneficio fiscal a todas las transmisiones operadas como consecuencia de situaciones de crisis matrimoniales con independencia de cuál haya sido su régimen económico matrimonial. Una interpretación favorable a la exclusión , amén de no ser acorde con el sentido y alcance de la norma, no sólo no contribuiría a la pacificación de la nueva situación personal y económica sino que además ofrecería dudas de constitucionalidad por infracción de los artículos 14 y 31.1 de la CE, a falta de una justificación objetiva y razonable…”.

Así mismo la DGT, en su resolución DGT V 0129-10 de 27 de enero de 2010, vuelve a reiterar su doctrina administrativa, la cual señala que esta exención del art. 45.I.B.3 de la LITP y AJD no es aplicable a todos los matrimonios., indicando que no puede aplicarse a comunidades de bienes de cónyuges en separación de bienes, ya que se refiere a la sociedad de gananciales. Sigue diciendo que “La existencia de una comunidad de bienes cuyos comuneros sean cónyuges en separación de bienes es ajena al régimen matrimonial y tanto su constitución como su disolución deben tratarse en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como cualquier otra comunidad de bienes “.

Por ello, en materia de TPO y AJD, los matrimonios casados en régimen de separación de bienes han de ser tratados como cualquier otra comunidad de bienes, esto es, como si de extraños se tratasen, prescindiendo del vínculo matrimonial.

De forma que si la vivienda es de uno de los dos no se disuelve ningún bien común. En el caso de que la vivienda sea común, entonces la disolución de ésta comunidad estará exenta siempre que el cónyuge que se adjudique el inmueble compense en “metálico” al otro.

En la práctica se realiza diciendo que uno de los cónyuges ha recibido un dinero, que quizás no haya recibido en su totalidad.

Si es una adjudicación en pago de deudas, tributa cono una transmisión (en la actualidad al 10%), y si se entregara el bien sin contrapartida sería una donación y debería trubutar como tal.

¿QUÉ JUZGADO ES MÁS PRODUCTIVO?

Palacio de Justicia

Según publica hoy The Wall Street Journal,  la oficina principal de la judicatura federal de Estados Unidos, ha hecho el trabajo de campo para averiguar cuál de los 94 tribunales federales ha sido más eficiente en el año que terminó en septiembre de 2014.

Sin embargo aquí en España, publica el periódico Expansión (2/4/2015), que 12 años después de la aprobación de la ley de retribuciones (Ley 15/2003 26/V), todavía no existe un reglamento que estipule cómo se calcula la productividad de los magistrados ni cuánto deben cobrar por este concepto, es una cuestión de cantidad y no de calidad.

En Estados Unidos, el Juez Presidente K. Michael Moore de Distrito Sur de Florida, dijo que las causas civiles que van a juicio en la corte tardan unos 16 meses de principio a fin, éste quedó en el segundo puesto, y el primero fue el Tribunal con Sede en Miami.

RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR SOCIAL POR DAÑOS

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Nos parece clarificadora e importante la reciente Sentencia de 13/2/2015 de la Sec 28 de la A.P.de Madrid, sección especializada en materia mercantil, y creemos que acertadamente revoca la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Madrid,

Constituye un comportamiento negligente de los administradores el limitarse a eliminar a la sociedad de la vida comercial o industrial SIN LIQUIDARLA EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVENIDAS LEGALMENTE (Sentencias de la Sala 1ª del TS de 4/XI/1991 , 22/IV/1994 , 6/XI/1997 , 4/II/1999 y 14/III/2007 ).

Tal conducta  incurre en una vía de hecho, al realizarse al margen de los intereses de los acreedores, que tienen derecho a que sus créditos sean atendidos en la medida de lo posible y en cualquier caso de modo ordenado, acudiendo al proceso liquidatorio –  concursal.

Nos parece importante la Sentencia por cuanto en muchas ocasiones se adopta la vía de hecho de manera inconsciente. La liquidación debe hacerse de manera ordenada, y de acuerdo con lo ordenado por la Ley, y no de la manera que al administrador social le parezca.

Insiste la Sentencia en:

Basta con demostrar el daño sufrido por la parte acreedora demandante, inherente al hecho de cercenársele la posibilidad de cobrar su crédito, y el cierre de facto del establecimiento en el que radicaba la empresa deudora, para que pueda concluirse, siquiera de forma presuntiva, la existencia de nexo causal entre uno y otro, salvo prueba en contrario del administrador demandado.

Esta Sala ha reiterado que la imputación al administrador de responsabilidad por permitir la desaparición por vía de hecho de dicha entidad está justificada al amparo de la acción prevista en el artículo 135 del TRLSA , pues no actúa con la diligencia exigible al ordenado administrador (artículo 127 del TRLSA ) al enfrentarse a una situación de crisis empresarial sin proceder a una ordenada liquidación de la sociedad que gestionaba, quebrantando así los principios de confianza y buena fe que han de regir en el tráfico mercantil y causando con ello daño a los acreedores que, como la demandante, han visto cercenadas las posibilidades de ver atendido, siquiera en alguna medida, su crédito contra ella. La no liquidación en forma ordenada y conforme a ley del patrimonio social cuando la sociedad está en situación de insolvencia ya es de por sí susceptible de crear un daño directo a los acreedores (pues los titulares de créditos pendientes contra la misma, que sufren la imposibilidad de realizar los créditos con cargo al patrimonio social, no han podido siquiera controlar la liquidación de la mercantil ni el destino final de su patrimonio) y por tanto de generar responsabilidad del administrador por tolerarlo, incumpliendo así sus deberes legales, resultando posible en tal caso exigírsela al amparo de los artículos 133 y 135 del TRLSA .

No siempre se ha aplicado este buen criterio.

Tratamos en otro apartado la RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR SOCIAL POR DEUDAS.

RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR SOCIAL POR DEUDAS. ¿A PARTIR DE CUANDO?

business-administration

Nos lo recuerda la Sentencia de 13/2/2015 de la Sec 28 de la A.P.de Madrid, especializada en materia mercantil

NOS RECUERDA QUE CABEN RECLAMAR LAS RESPONSABILIDADES POSTERIORES

(a 16 de noviembre de 2005, por la nueva redacción dada al Art. 262-5 L.S.A., por la D.F. 2ª de la Ley 19/2005 de 14/XI, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España), redacción a partir de la cual la responsabilidad solidaria de los administradores sociales que dicho precepto define solamente resulta exigible respecto “..de las obligaciones sociales posteriores) AL ACAECIMIENTO DE LA CAUSA LEGAL DE DISOLUCIÓN..”.

Por ello, es necesario ponderar si los presupuestos objetivos para el nacimiento de la responsabilidad “ex” Art. 262-5 L.S.A. se produjeron o no con anterioridad al 16 de noviembre de 2005, fecha en la que entró en vigor la mencionada Ley 19/2005 de 14/XI, teniendo en cuenta su falta de eficacia retroactiva.

 

Trataremos en otro apartado la RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR POR DAÑOS.

7 REFORMAS NORMATIVAS EN EL ÁMBITO MERCANTIL

CONGRESO

  1. LEY CONCURSAL

Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal (Viene del RD Ley 11/2014, de 5/IX)

2. SEGUNDA OPORTUNIDAD

Proyecto de Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

(Viene del RD-ley 1/2015, de 27/II)

3. NUEVO CÓDIGO MERCANTIL

Anteproyecto de Ley del Código Mercantil

4. ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS

Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

5. PATENTES

Proyecto de Ley de Patentes

6. AUDITORIA DE CUENTAS

Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas

7. FUNDACIONES

Anteproyecto de Ley de Fundaciones.

Haz clic para acceder a pd0000099972.pdf

Se implantan los Sistemas telemáticos, para presentar documentos en los Tribunales.

Ordenador Velocidad

Así lo Establece el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil,

A partir de 1 de enero de 2016, Profesionales y Órganos judiciales usarán medios telemáticos para efectuar notificaciones.

Los Colegios de Procuradores estarán obligados a habilitar Los medios necesarios de forma que pueda garantizarse el envío y recepción de notificaciones electrónicas.

La Administración competente deberá  habilitar los medios técnicos y todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales deberán usar los sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación.

Se introducirá la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del demandado como uno de los datos que puede que de utilidad para su localización.

Se pretende que los actos de comunicación electrónicos sean la forma habitual de actuar en la Administración de Justicia, y se podrán realizar en la dirección electrónica del destinatario, ya en los dispositivos electrónicos designados.

Los actos procesales de comunicación los podrán realizar los Procuradores con el mismo alcance y efectos que los realizados por los funcionarios del cuerpo de auxilio judicial, al atribuirles la capacidad de certificación, sin necesidad de disponer de dos testigos.

En todo escrito por el que se inicie la un procedimiento judicial, de Ejecución o Instancia judicial, el solicitante ha de expresar su voluntad al respecto, entendiendo que, de nada Indicar, se practicarán las notificaciones por los Funcionarios judiciales, lo que como siempre redundará en beneficio del demandado.

Aparte de la Posibilidad de sustitución por otro procurador, los Procuradores deberán actuar necesariamente de forma personal e indelegable, con pleno sometimiento a los requisitos procesales que rigen cada acto, bajo la estricta dirección del secretario judicial y el control judicial.

La actuación de los procuradores será impugnable ante el secretario judicial, y contra el decreto resolutivo de la impugnación se podrá interponer,recurso de revisión ante el Tribunal.

Juicio verbal

Entre las modificaciones procesales se introducirá la contestación escrita, Que deberá presentarse en el plazo de 10 días, Como ya se recogía pára determinados procedimientos especiales.

Se regulará el trámite de conclusiones en el juicio verbal así como el régimen de recursos de las resoluciones sobre prueba.

Siempre que el Tribunal lo considerará existirá la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista.

Proceso monitorio

Se introduce un trámite que permitirá al Juez, previamente a que el secretario judicial acuerde realizar el requerimiento, controlar la eventual existencia de cláusulas abusivas en los contratos en Los que se basen los procedimientos monitorios que se dirijan contra consumidores o usuarios.

Prescripción

Se acorta el plazo en general de las acciones personales, estableciendo un plazo general de cinco años.

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Nota informativa para casos en el que el adquirente ha fallecido

Cada vez recibimos más casos en los que la persona que adquirió los Valores Santander ha fallecido y vienen sus herederos a intentar iniciar la reclamación.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los procedimientos con posibilidades de éxito consisten en poder demostrar que existió un vicio o error en el consentimiento a la hora de adquirir el producto y que la persona que adquirió el mismo haya fallecido dificulta bastante el procedimiento.

Con esta nota informativa lo que queremos indicar es que para este tipo de casos es muy importante recabar toda la información y documentación posible, como pueden ser los contratos de los valores, posibles test realizados, fecha de adquisición del producto, algún posible documento que indique la incapacidad de contratación del causante, informes médicos,  etc.

Son casos muy delicados que hay que tratar con máxima cautela.