AUTÓNOMOS Y PYMES, ¿PUEDEN APLAZAR EL ALQUILER DEL LOCAL DE NEGOCIO?

. Se puede aplazar.
El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, regula medidas paliativas de los efectos de la pandemia, entre, otros, en relación a los arrendamientos de locales de negocio para autónomos y pymes.


1.1. ¿Cómo ha de hacerse? Art. 1 Real Decreto-ley 15/2020.


Si el arrendador es un gran tenedor -considerando como tal a empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal a la persona física o jurídica que sea propietario de más de 10 inmuebles urbanos – excluyendo garajes y trasteros-, o una superficie construida de más de 1.500 m2- el arrendatario deberá solicitar, en el plazo de un mes- desde la entrada en vigor del Real Decreto 15/2020, el pasado 23 de abril- una moratoria en el pago de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las sucesivas prórrogas, así como las mensualidades siguientes si los efectos negativos de la crisis sanitaria persistiesen, hasta un máximo de cuatro meses desde la finalización del estado de alarma.


La moratoria es obligatoria para el arrendador, si el arrendatario la solicita.


1.2. ¿Qué requisitos debe cumplir el arrendatario para solicitar las medidas? Art. 3 Real Decreto-ley 15/2020


Si arrendatario autónomo:


Estar afiliado y en situación de alta en la fecha de la declaración del Estado de Alarma en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.

Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


Si arrendatario pymes:


Que no superen los límites establecidos en el artículo 257 de la LSC esto es (a) que el activo no supere los 4.000.000 de euros; (b) que el importe neto de la cifra anual de negocios no supere los 8.000.000 de euros; y (c) que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.


Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


1.3. ¿Qué pasa con las rentas aplazadas?


Las rentas aplazadas deberán abonarse de forma fraccionada en el plazo de dos años desde la finalización de la moratoria o, en todo caso, desde la finalización del plazo de cuatro meses siguientes al fin del estado de alarma.


Si el plazo que resta de vigencia del contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas es inferior a los dos años indicados, en ese caso, las rentas aplazadas deberán abonarse en el tiempo que reste hasta la finalización del contrato de arrendamiento.


Este plazo será inferior si el tiempo de vigencia del contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas es inferior a los dos años referidos en cuyo caso las rentas aplazadas deberán abonarse en el tiempo que reste hasta la finalización del contrato de arrendamiento.


Consúltenos. Analizaremos su caso y le ofreceremos todas las claves para plantear la solicitud de
moratoria.


Para acceder al formulario de solicitud de moratoria, clicar aquí.

SOLUCIÓN ECONÓMICA

El 29/5/2015 publicábamos en el blog http://www.salipabogados.wordpress.com las nuevas medidas legales para ayudar a aquellas personas que han sufrido un fracaso económico empresarial o personal a causa de la crisis anterior de la burbuja inmobiliaria.

El deudor persona natural, autónomo o profesional “de buena fe”, podrá intentar un acuerdo extrajudicial de pagos o judicial y obtener el beneficio de liberarse de determinadas deudas pendientes.

Es evidente que el parón económico, por la crisis sanitaria, ya ha hecho mucho daño a la economía de las pequeñas empresas, autónomos y profesionales, y que entramos en una época de depresión, pues las medidas del gobierno, sin apoyo financiero de Europa por medio de “Corona-Bonos”, son totalmente insuficientes para una recuperación real de la economía.

El Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), consiste en que el deudor que presente en el Juzgado una propuesta de plan de pagos y quitas razonable, para pagar en un plazo de 5 años sin intereses, una vez oídos los acreedores por plazo de 10 días, será aprobado por el juez provisionalmente en los términos en que hubiera sido presentado o, con las modificaciones que se estimen oportunas.

Es importante tener presente que el deudor no deba más de 5 millones de euros.

Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos, el Juez reconocerá con carácter definitivo la exoneración, es decir el perdón, de las deudas objeto de quita.

Si no se hubiera podido cumplir el plan de pagos, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, el Juez también podrá declarar la exoneración definitiva de las deudas insatisfechas del deudor que hubiese destinado una parte importante de sus ingresos a su cumplimiento.

Es habitual que el empresario intente tirar del carro para salir de la crisis por sus propios medios, en ocasiones esperando la recuperación económica en tiempos mejores y poniendo sus ahorros en su negocio para intentar cumplir sus responsabilidades. Sin embargo todo ello, en ocasiones no es suficiente, o es imposible por deudas como las de Hacienda y Seguridad Social.

En esas ocasiones es importante vencer la reticencia natural del empresario a acogerse a estos beneficios legales, porque en otro caso, sucede con frecuencia, que finalmente por no poder pagar las deudas, se liquida en el Juzgado el negocio, lamentablemente por valores ridículos, pudiendo además el Juzgado condenar al empresario a pagar la diferencia entre el importe de la deuda y el menor importe que se ha obtenido de la liquidación judicial del negocio, con lo que finalmente el empresario pierde el negocio y también su patrimonio.

Por ello es importante un análisis detallado de la situación de cada negocio, que con un conocimiento técnico-legal especializado, permitirá una gran capacidad de negociación, y un asesoramiento adecuado que ofrezca la solución más certera en cada caso.

Estamos a su disposición para ofrecerle la mejor solución.

info@salip-abogados.com  –  Tel.  932019830

ATENCIÓN. SOCIEDADES EN ESTADO DE ALARMA

El RDL 8/2020 ha adoptado una serie de medidas encaminadas a solucionar obstáculos y paliar dificultades a los que se enfrentan las sociedades, durante la crisis sanitaria.

1.-  MEDIDAS RELATIVAS AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.

Durante el periodo de alarma y aunque no esté previsto en los estatutos:

(A) Las reuniones del órgano de administración y demás comisiones podrán celebrarse por videoconferencia.

(B) Los acuerdos del órgano de administración y demás comisiones  podrán adoptarse por escrito y sin sesión, si lo decide el presidente o lo solicitan dos de sus miembros.

2.-  MEDIDAS RELATIVAS A LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

(A) El plazo para formular las cuentas anuales será de tres meses a contar desde la fecha de finalización del estado de alarma.

El plazo para que la junta general se reúna para tratar sobre su aprobación es de otros tres meses desde que finalice el plazo para su formulación.

En el caso de las sociedades cotizadas, podrán celebrar la junta general ordinaria del 2020, hasta el 30 de octubre.

(B) En el caso de sociedades sujetas a auditoría obligatoria, si en la fecha de declaración del estado de alarma el órgano de administración ya hubiese formulado las cuentas anuales, el plazo para su verificación por el auditor se prorroga por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

3.- MEDIDAS RELATIVAS A LA JUNTA GENERAL

(A) El órgano de administración podrá desconvocar o modificar  la fecha de celebración de las junta generales convocadas antes de la declaración del estado de alarma.

Se requiere,  publicar un anuncio con una antelación mínima de 48 horas a la fecha prevista en la página web de la sociedad y, si no tuviera, en el  BORME. Si es para desconvocar la junta, el órgano de administración deberá convocarla dentro del mes siguiente a la finalización del estado de alarma.

(B) El notario requerido para asistir a la junta general de socios para levantar acta de la reunión podrá hacerlo por medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen el cumplimiento de su función.

4.-  OTRAS MEDIDAS APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE CAPITAL DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA

(A) Los socios no podrán ejercer el derecho de separación legal o estatutario.

(B) No se producirá la disolución de pleno derecho de aquellas sociedades para las que transcurriera su término de duración. La disolución solo se producirá transcurridos dos meses desde la finalización del estado de alarma.

(C) En el supuesto de sociedades que incurran en causa legal o estatutaria de disolución (en especial la reducción por pérdidas del patrimonio neto por debajo de la mitad de la cifra de capital social ex art. 363.1.e LSC), el plazo de convocatoria de la junta general por el órgano de administración (para acordar la disolución o enervar la causa de disolución) queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma.

info@salip-abogados.com. Teléfono 932019830

PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS COVID 19

Sabemos que la deseable recuperación de la actividad económica será lenta y difícil; que lo inmediato es atender las obligaciones con proveedores, personal, hacienda, seguridad social, etc., y que probablemente nos faltará apoyo de la Unión Europea.

Con el parón de la actividad, una gran parte de pequeños empresarios ya saben que no podrán atender a todas sus obligaciones. Lo que muchos no saben es el alcance de su responsabilidad y cómo afrontar esta situación.

Nadie quiere perder su negocio y, además, muchos empresarios se encuentran atrapados con hipotecas sobre sus bienes para garantizar las responsabilidades del negocio de su actividad o de su sociedad.

El primer peligro es la falta de tesorería, y con ella el imprescindible análisis del empresario para saber si va o no poder pagar, puesto que la Ley Concursal, en su Art. 5, le obliga a solicitar la declaración de Concurso de Acreedores dentro de los DOS MESES siguientes a la fecha en que hubiera podido o debido conocer que no podría pagar. Por lo tanto, para no incurrir en mayores responsabilidades, es preciso realizar de inmediato ese análisis y ver en qué situación se encuentra el negocio, para no caer en lo que frecuentemente sucede en situaciones de crisis, como es simular una situación patrimonial ficticia, sobre todo frente a proveedores, etc., para poder obtener los bienes y servicios que permitan continuar la actividad, ya que ello agravará la responsabilidad del empresario. (164.6).

Hay que tener en cuenta que se presume la culpabilidad del empresario cuando no presentó el concurso dentro de esos dos meses (165.1), y esa responsabilidad alcanza a directores y gerentes, pudiendo incluso suceder que sean condenados por el Juez a la indemnización de los daños y perjuicios causados (172.3).

¿Al pago de qué importe pueden ser condenados? Pueden ser cifras muy importantes, pues la Ley establece que será la diferencia entre el importe total de las deudas y el valor por el que se hayan liquidado los bienes de esa empresa.

El gobierno debería modificar la Ley Concursal, para evitar las graves consecuencias legales que hoy por hoy puede suponer para los empresarios, y así evitar la “liquidación forzosa” en un concurso o, mucho peor, fuera de él, de empresas que son, en definitiva, imprescindibles para que la economía resurja, y se genere empleo. Lamentablemente todos los indicios muestran que el gobierno no lo hará. Por ello es fundamental la previsión y el asesoramiento.

Contamos con un departamento especializado en Derecho Concursal y derecho de empresa, donde podemos examinar y facilitar la solución jurídica que su empresa pueda precisar.

Novedades del Derecho de Separación de Socios por incumplimiento del Reparto obligatorio de dividendos

foto dividendos

La distribución de dividendos es un derecho de los socios, y para protegerlo en 2011 se reformó la Ley de Sociedades del Capital, introduciendo el artículo 348 bis, que otorgaba a los socios el derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos, es decir, la facultad de recibir el valor de su parte de la sociedad en caso de que no se repartieran estos beneficios.

Este derecho sirve para proteger al socio minoritario de un posible abuso de la mayoría, consistente en que éstos bloquearan el reparto de dividendos.

Una vez creado este derecho se observó que era una fuente de conflictos, puesto que la obligación de tener que pagar a los socios el valor de su participación en la sociedad puede dejar sin liquidez a la sociedad y que se tenga que declarar en concurso de acreedores. Tanta conflictividad ha causado este artículo que se suspendió su aplicación entre el 24 de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, ya que lo que se suponía una medida para controlar el abuso de la mayoría, se estaba convirtiendo en un abuso de los socios minoritarios sobre la mayoría de la sociedad.

El 28 de diciembre del pasado 2018 se publicó la Ley 11/2018 que vuelve a modificar este derecho, añadiendo más requisitos para poder ejercer el derecho de separación, entre otras novedades.

Las principales novedades son:

  • La posibilidad de excluir o modificar la causa de separación por estatutos.
  • Que el socio que inste la separación debe hacer constar su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos en caso de que la junta general no acuerde su distribución.
  • Requisito de que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores.
  • El porcentaje de división de dividendos mínimo se rebaja, de un tercio a un 25%.
  • Se excluye la posibilidad de separación si en los últimos cinco años se han distribuido un 25% de los beneficios legalmente distribuibles durante ese periodo.
  • Se amplía el derecho de separación también para un socio minoritario de la sociedad dominante de un grupo de sociedades.
  • Se amplían los supuestos de excepción en la aplicación de este derecho.

Sobre estas novedades hay que matizar dos supuestos:

  • En el caso de excluir o modificar por estatutos la causa de separación, será necesario el consentimiento de todos los socios. No será así si se reconoce el derecho de separación para quien no haya votado a favor del acuerdo.
  • En el caso de las excepciones, además de las sociedades cotizadas, se incluye las sociedades en concurso o en negociación previa al concurso, y las Sociedades Anónimas Deportivas.

LOS 4 DELITOS SOCIETARIOS

encarcelado Ejecutivo

LOS 4 DELITOS SOCIETARIOS

Son los de toda la vida, y consisten en falsear documentos, imponer acuerdos lesivos a los otros socios, e impedirles que ejerciten sus derechos, muchas veces para escapar al control que pueda descubrir el delito. También veremos como cambia la administración desleal y las apropiaciones con la reforma del año 2015. (1.)

1º.: FALSEAMIENTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS  

Los Administradores, de hecho o de derecho, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, o a alguno de sus socios, o a un tercero.

Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior. (2.) Art. 290.

2º.: IMPOSICIÓN DE ACUERDOS

Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o el órgano de administración, …, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma.   Art.291.

Los que impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio, o procedimiento semejante y sin perjuicio de castigar el hecho de como corresponde si constituyese otro delito. (3.) Art. 292.

3º.: DERECHOS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal, negaren o impidieren un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o el control de la actividad social o suscripción preferente de acciones reconocidos por las leyes. (4.) Art. 293.

4º.: IMPEDIR ACTUACIÓN DE SUPERVISOR DE MERCADOS

Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras. (5 y 6.) Art. 294

QUIEN PUEDE PERSEGUIR EL DELITO.

Tiene importancia que sólo serán perseguibles mediante denuncia de la “persona agraviada”  (representante legal o tutor), salvo cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una Pluralidad de personas. Art. 296.

CAPÍTULO APARTE MERECEN DOS DELITOS

 A.  LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DESLEAL

Los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, …, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado. (7.) Art. 252 

B. ANTIGUA ADMINISTRACION DESLEAL. APROPIACION INDEBIDA

La antigua administración desleal, ahora se mantiene bajo la forma de la apropiación indebida (9.), y en este sentido:

Los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligacion de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido. Art. 253. (8)

Se requiere:

  1. Que el dinero, efectos, valores, etc. lo reciba de forma legítima, y la esa posesión legítima el autor del delito la trasforme mas tarde en ilegítima. (10.)
  1. El sujeto tiene que tener la obligación de devolver el material de objeto del delito, o entregarlo a un tercero, lo que excluye poseer como dueño, sin importar que el culpable del haga ostentación a título de dueño.
  1. La apropiación dębe ser con ánimo de lucro. Así la inicial posesión legitima se trasforma en ilegítima, y dębe tener vocación de permanencia, carácter definitivo revelador de la intención de hacer suyo lo que no lo es, y este elemento concurre también cuando él niega haber recibido el objeto material del delito, negación que causa perjuicio al verdadero dueño debido a la desposesión.
  1. Finalmente se requiere que la conducta llegue un producir un resultado lesivo, es decir, un perjuicio patrimonial para el el tercero, normalmente que normalmente será la perdida de la cosa que obtiene el autor del delito. (11.)

 

NOTAS  
1. Se entiende por sociedad, toda Cooperativa, Caja de Ahorros, Mutua, entidad financiera o de crédito, la Fundación, la Sociedad Mercantil, o cualquier otra Entidad de naturaleza análoga que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado.
2. Prisión de 1 a 3 años y Multa de 6 a 12 meses.
3. Prisión de 6 meses a 3 años o Multa del tanto al triplo del beneficio del.
4. Multa de 6 a 12 meses.
5. Prisión de 6 meses una 3 años o multa de 12 a 24 meses. 
6. Se podra acordar: Como medida cautelar por el Juez Instructor de la intervención judicial, la clausura temporal de los locales o establecimientos, y la suspensión de las actividades durante la instrucción de la causa 
7. Si La cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, pena de multa de 1a 3 meses. 
8. Antigua Administración Arte Desleal. 295 del CP 
También ha desparecido Lreferencia al depósito necessario o miserable del antiguo art. 252 del CP que se fundamentaba en la especial situación de necesidad. 
9.  Se castiga con las mismas penas del delito de estafa del art. 249 o 250: Prisión de 6 meses a 3 años, y los tipos agravados 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses y los hiper agravados: Prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses 
10. Sentencia Tribunal Supremo 537/2014, de 24 de junio 
11. Sentencia Tribunal Supremo 121/2014, de 19 de Febrero

Adaptado a la Ley Orgánica 5/2015 de 30/III, de modificación del Código Penal que entra en vigor el 1/7/2015