Ley de Segunda Oportunidad

2ª oportunidadEsta Ley pretende  un acuerdo extrajudicial de pagos para ayudar a aquellas personas que han sufrido un fracaso económico empresarial o personal a causa de la crisis.

Este acuerdo es el primer paso del proceso de segunda oportunidad, y consiste en que deudor y acreedores  alcancen el acuerdo extrajudicial de pagos.

La Solicitud de Acuerdo Extrajudicial  debe acompañar un “Inventario de Bienes” y una “Lista de Acreedores”, sin embargo deberá realizarse por medio de un complejo formulario.

El Consejo General del Poder judicial debe informar sobre el proyecto de formulario que ha preparado  el Ministerio de Justicia.

El informe del órgano de gobierno de los Jueces es demoledor:

  1. Indica que la redacción de la norma es “excesivamente prolija y enrevesada,  que difícilmente podrá lograr el objetivo que persigue, y que se echa de menos una mayor atención “tanto a la sistemática como a los términos, gramática y conceptos utilizados en la norma”.
  2. Además que le falta claridad y sencillez, y también considera que se deberían reducir los documentos cuya presentación se exige”.

En Salip-Abogados, la solución, le resultará fácil.

Véase nuestro blog, el “acertijo sobre el número de modificaciones que ha sufrido la joven Ley Concursal desde el año 2003”

Puede examinar el contenido de la norma en este sitio: https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8469.pdf

En Barcelona, a 29/9/2015

RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR SOCIAL POR DAÑOS

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Nos parece clarificadora e importante la reciente Sentencia de 13/2/2015 de la Sec 28 de la A.P.de Madrid, sección especializada en materia mercantil, y creemos que acertadamente revoca la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Madrid,

Constituye un comportamiento negligente de los administradores el limitarse a eliminar a la sociedad de la vida comercial o industrial SIN LIQUIDARLA EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVENIDAS LEGALMENTE (Sentencias de la Sala 1ª del TS de 4/XI/1991 , 22/IV/1994 , 6/XI/1997 , 4/II/1999 y 14/III/2007 ).

Tal conducta  incurre en una vía de hecho, al realizarse al margen de los intereses de los acreedores, que tienen derecho a que sus créditos sean atendidos en la medida de lo posible y en cualquier caso de modo ordenado, acudiendo al proceso liquidatorio –  concursal.

Nos parece importante la Sentencia por cuanto en muchas ocasiones se adopta la vía de hecho de manera inconsciente. La liquidación debe hacerse de manera ordenada, y de acuerdo con lo ordenado por la Ley, y no de la manera que al administrador social le parezca.

Insiste la Sentencia en:

Basta con demostrar el daño sufrido por la parte acreedora demandante, inherente al hecho de cercenársele la posibilidad de cobrar su crédito, y el cierre de facto del establecimiento en el que radicaba la empresa deudora, para que pueda concluirse, siquiera de forma presuntiva, la existencia de nexo causal entre uno y otro, salvo prueba en contrario del administrador demandado.

Esta Sala ha reiterado que la imputación al administrador de responsabilidad por permitir la desaparición por vía de hecho de dicha entidad está justificada al amparo de la acción prevista en el artículo 135 del TRLSA , pues no actúa con la diligencia exigible al ordenado administrador (artículo 127 del TRLSA ) al enfrentarse a una situación de crisis empresarial sin proceder a una ordenada liquidación de la sociedad que gestionaba, quebrantando así los principios de confianza y buena fe que han de regir en el tráfico mercantil y causando con ello daño a los acreedores que, como la demandante, han visto cercenadas las posibilidades de ver atendido, siquiera en alguna medida, su crédito contra ella. La no liquidación en forma ordenada y conforme a ley del patrimonio social cuando la sociedad está en situación de insolvencia ya es de por sí susceptible de crear un daño directo a los acreedores (pues los titulares de créditos pendientes contra la misma, que sufren la imposibilidad de realizar los créditos con cargo al patrimonio social, no han podido siquiera controlar la liquidación de la mercantil ni el destino final de su patrimonio) y por tanto de generar responsabilidad del administrador por tolerarlo, incumpliendo así sus deberes legales, resultando posible en tal caso exigírsela al amparo de los artículos 133 y 135 del TRLSA .

No siempre se ha aplicado este buen criterio.

Tratamos en otro apartado la RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR SOCIAL POR DEUDAS.

CONDENADO EL ECONOMISTA AUDITOR QUE INICIO EL EXPEDIENTE CONCURSAL, A LOS 20 DIAS NATURALES DE SER NOMBRADO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD.

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El cambio de Administrador, justo en los momentos difíciles de la compañía, se ha producido en muchísimas ocasiones.

También se ha interpretado erróneamente que al nuevo administrador, justo por estar recién nombrado no se le podría imputar responsabilidad.

Aquí veremos como no siempre es así, y lo peligroso que puede resultar para el asesor creer que aceptar ser nombrado administrador, no le comportará muy serias responsabilidades, y la importancia de tener fondos suficientes para poder atenderlas.

Un buen ejemplo nos lo da el Tribunal Supremo en su Sentencia de 10/7/2014, quitando la razón al Juzgado Mercantil 1 y también a la Sec. 6ª de la A.P. de Málaga

El economista auditor nombrado Administrador Único de la compañía en 28/5/2003, alegó entre otras razones, en su defensa, que la sociedad había sido desde siempre regida por un Consejo de Administración, formado por cuatro personas, que la falta de depósito de cuentas a partir de su nombramiento, ningún perjuicio causa a los acreedores; pero sobreseída la suspensión de pagos, no cayó en presentar la Quiebra o el Concurso de Acreedores para tramitar la liquidación, también olvidó convocar la Junta de Socios en el plazo de dos meses, conociendo que concurría en la compañía causa de disolución.

Incurre por su conducta omisiva, en responsabilidad por deudas, y por tanto se le condena a pagar el crédito que la parte actora le reclamó en el Juicio Ordinario, y también le imponen las costas de dicho juicio.

RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR SOCIAL POR DEUDAS. ¿A PARTIR DE CUANDO?

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Nos lo recuerda la Sentencia de 13/2/2015 de la Sec 28 de la A.P.de Madrid, especializada en materia mercantil

NOS RECUERDA QUE CABEN RECLAMAR LAS RESPONSABILIDADES POSTERIORES

(a 16 de noviembre de 2005, por la nueva redacción dada al Art. 262-5 L.S.A., por la D.F. 2ª de la Ley 19/2005 de 14/XI, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España), redacción a partir de la cual la responsabilidad solidaria de los administradores sociales que dicho precepto define solamente resulta exigible respecto “..de las obligaciones sociales posteriores) AL ACAECIMIENTO DE LA CAUSA LEGAL DE DISOLUCIÓN..”.

Por ello, es necesario ponderar si los presupuestos objetivos para el nacimiento de la responsabilidad “ex” Art. 262-5 L.S.A. se produjeron o no con anterioridad al 16 de noviembre de 2005, fecha en la que entró en vigor la mencionada Ley 19/2005 de 14/XI, teniendo en cuenta su falta de eficacia retroactiva.

 

Trataremos en otro apartado la RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR POR DAÑOS.

NOVEDADES RELATIVAS AL CONVENIO Y LIQUIDACIÓN CONCURSAL

Modificación de la Ley Concursal R.D. Ley 11/2014 de 5/IX

 I. NOVEDADES RELATIVAS AL CONVENIO CONCURSAL

1. Convenio concursal más flexible:

Se amplían los límites de quitas y esperas (máximo 10 años) posibles.

  1. Se admite un contenido alternativo en el convenio, y se puede proponer la venta de unidades productivas a favor de personas naturales o jurídicas.
  2. Noovedoso régimen de mayorías de apoyo: Se exige el voto favorable del 50% del pasivo ordinario para los convenios ”blandos” o sin quita, o el 65% para los convenios ”duros” o con quita.

 2. Los efectos del convenio se extienden a los acreedores privilegiados:

Afectará  también a los acreedores privilegiados, aun cuando no lo hayan votado, siempre y cuando voten a favor del convenio ciertas mayorías dentro de esa misma clase.

Hay 4 clases de acreedores dentro de cada categoría de acreedores privilegiados:

  1. De derecho laboral,
  2. Públicos
  3. Financieros
  4. Resto

3. Valor de las garantías:

El privilegio especial solo alcanzará a la parte del crédito que no exceda del “valor razonable” que en el concurso se otorgue a la respectiva garantía. El importe del crédito que exceda de dicho valor será calificado según su naturaleza. El valor de la garantía será de nueve décimos (9/10) del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía.

 4Mayorías precisas para la extensión del convenio a los acreedores privilegiados: 

La parte del crédito privilegiado cubierta por el valor razonable de la garantía puede verse afectada por el convenio siempre que se alcancen las siguientes mayorías:

  1. El 60% de los acreedores que pertenezcan a su misma clase cuando se trate de un convenio con una quita inferior al 50% o una espera inferior a 5 años o la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo;
  2. El 75% de los acreedores que pertenezcan a su misma clase cuando se trate de un convenio con una quita superior al 50% o una espera de más de 5 años o la conversión de deuda en préstamos participativos durante el mismo plazo o cualquiera de las demás medidas alternativas del artículo 100.

Las nuevas mayorías permiten a algunas clases de acreedores privilegiados extender los efectos del convenio a ciertos acreedores privilegiados de su misma clase que no titulen más de un 40% o un 25% de los créditos dentro de esa clase.

5. Acreedores sujetos a régimen o pacto de sindicación: en caso de que el 75% de los créditos que componen la financiación sometida a régimen de sindicación voten a favor del convenio se entenderá que la totalidad de los créditos de dicha financiación votan a favor, a menos que en las normas que regulan la sindicación exijan una mayoría inferior, en cuyo caso será de aplicación esta última.

6. Derecho de voto por adquisición post-concurso de créditos: se reconoce el derecho de votar el convenio a los adquirentes de créditos tras la declaración del concurso (siempre que no sean personas especialmente relacionadas con el concursado), sea o no el adquirente entidad sometida a supervisión financiera.

II. NOVEDADES RELATIVAS A LA LIQUIDACIÓN

Venta de unidades productivas y continuidad empresarial:

1. Como siempre se intenta el objetivo incumplido de  la continuidad de la actividad empresarial, favoreciendo la transmisión de la unidad o unidades productivas del deudor, facilitando la subrogación automática del nuevo adquirente en los contratos suscritos por el cedente y en las licencias administrativas de las que fuera titular.

2. Se introducen también novedades respecto a la cesión en pago o para pago de bienes a los acreedores, así como reglas supletorias relativas a la enajenación de unidades productivas, relativas a la purga o subsistencia de las posibles garantías reales que afectasen a los bienes que integran esas unidades productivas, así como al contenido necesario de las ofertas de compra de unidades productivas.

 III. OTROS 

Disposiciones transitorias:

Se establece un complejo régimen transitorio, de manera que los convenios de acreedores sujetos al régimen anterior puedan, con una serie de condiciones, ser objeto de modificación en caso de incumplimiento durante los dos años siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2014.

Posibilidad de acumulación en un solo juzgado de los concursos:

De concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas:

Cabe cuando se formulen propuestas de convenio que afecten a todos ellos, las cuales podrán condicionarse entre sí. Podrán formular propuestas de convenio las administraciones públicas, incluidos los organismos, entidades y sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de ellas.