AYUDA A AUTÓNOMOS Y PYMES EN CASO DE QUE EL ARRENDADOR NO SEA UN GRAN TENEDOR.

¿Pueden aplazar el arrendamiento del local de negocio?
Sí. Se puede.

1. ¿Cómo proceder? Art. 2 Real Decreto-ley 15/2020
En el caso de que la pyme o autónomo cuente con un arrendador que no sea considerado un gran tenedor (ser titular de más de 10 inmuebles), es decir sea un pequeño propietario, podrá solicitar en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor del Real Decreto–en vigor desde el 23 de abril-, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que la moratoria o la rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes previamente.
Se abre la posibilidad de aplicar la fianza para el pago de las rentas que se consideren aplazadas. En este caso, el arrendatario tendrá que reponer la fianza en el plazo de un año desde que se acuerde o hasta el vencimiento del contrato.

2. ¿Qué requisitos debe cumplir el arrendatario para solicitar las medidas? Art. 3 Real Decreto-ley 15/2020


En el caso de autónomos:


Que estén afiliados y en situación de alta en la fecha de la declaración del Estado de Alarma en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA;

Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


En el caso de PYMES:


Que no superen los límites establecidos en el artículo 257 de la LSC esto es (a) que el activo no supere los 4.000.000 de euros; (b) que el importe neto de la cifra anual de negocios no supere los 8.000.000 de euros; y (c) que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.
Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


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AUTÓNOMOS Y PYMES, ¿PUEDEN APLAZAR EL ALQUILER DEL LOCAL DE NEGOCIO?

. Se puede aplazar.
El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, regula medidas paliativas de los efectos de la pandemia, entre, otros, en relación a los arrendamientos de locales de negocio para autónomos y pymes.


1.1. ¿Cómo ha de hacerse? Art. 1 Real Decreto-ley 15/2020.


Si el arrendador es un gran tenedor -considerando como tal a empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal a la persona física o jurídica que sea propietario de más de 10 inmuebles urbanos – excluyendo garajes y trasteros-, o una superficie construida de más de 1.500 m2- el arrendatario deberá solicitar, en el plazo de un mes- desde la entrada en vigor del Real Decreto 15/2020, el pasado 23 de abril- una moratoria en el pago de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las sucesivas prórrogas, así como las mensualidades siguientes si los efectos negativos de la crisis sanitaria persistiesen, hasta un máximo de cuatro meses desde la finalización del estado de alarma.


La moratoria es obligatoria para el arrendador, si el arrendatario la solicita.


1.2. ¿Qué requisitos debe cumplir el arrendatario para solicitar las medidas? Art. 3 Real Decreto-ley 15/2020


Si arrendatario autónomo:


Estar afiliado y en situación de alta en la fecha de la declaración del Estado de Alarma en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.

Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


Si arrendatario pymes:


Que no superen los límites establecidos en el artículo 257 de la LSC esto es (a) que el activo no supere los 4.000.000 de euros; (b) que el importe neto de la cifra anual de negocios no supere los 8.000.000 de euros; y (c) que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.


Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


1.3. ¿Qué pasa con las rentas aplazadas?


Las rentas aplazadas deberán abonarse de forma fraccionada en el plazo de dos años desde la finalización de la moratoria o, en todo caso, desde la finalización del plazo de cuatro meses siguientes al fin del estado de alarma.


Si el plazo que resta de vigencia del contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas es inferior a los dos años indicados, en ese caso, las rentas aplazadas deberán abonarse en el tiempo que reste hasta la finalización del contrato de arrendamiento.


Este plazo será inferior si el tiempo de vigencia del contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas es inferior a los dos años referidos en cuyo caso las rentas aplazadas deberán abonarse en el tiempo que reste hasta la finalización del contrato de arrendamiento.


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COVID-19. LA BUROCRACIA PUEDE ECHAR AL TRASTE LAS AYUDAS A LOS COLECTIVOS VULNERABLES

La burocracia que tendrán que atravesar los colectivos vulnerables para conseguir las ayudas,  no será ni fácil ni rápido, por lo que estos colectivos pueden quedar totalmente desprotegidos.

Qué difícil es combatir la burocracia!

¿Qué inquilinos pueden solicitar estas ayudas?

Los inquilinos «vulnerables», es decir, aquellos que se vean forzados ahora a destinar más del 35% de sus ingresos al pago del arrendamiento de la vivienda habitual.

Por otro lado, el colectivo que se siga viendo afectado una vez que pase la crisis se considera «estructural» y el pago de sus rentas estará cubierto con cargo a fondos públicos.

Las personas en situación de vulnerabilidad deben cumplir los siguientes requisitos: encontrarse en situación de desempleo, en ERTE, con reducción de jornada laboral por estar a cargo de familiares, o en el caso de autónomos, que hayan sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos; que los ingresos de la unidad familiar no superen en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (el IPREM) -este límite se incrementará en 0,1 veces por cada hijo o persona mayor de 65 años a cargo-. o que la renta del arrendamiento más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

¿Quién puede solicitar la suspensión de la ejecución del desahucio?

El inquilino deberá comparecer en el juzgado, solicitar la suspensión y acreditar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que cumple los requisitos enumerados anteriormente.

¿En qué casos se contempla la moratoria de la deuda arrendaticia?

Hay que  distinguir entre dos supuestos:

a) Cuando el dueño de la vivienda es un pequeño propietario. En este supuesto el arrendatario cuenta con un plazo de un mes a contar desde el 1 de abril para solicitar al arrendador el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta o bien su condonación total o parcial. «Si en un plazo de siete días se negara a alcanzar ningún tipo de acuerdo, se podrá solicitar la ayuda económica al estado, que se resume en una solicitud de préstamo avalado por el estado. Este préstamo se concederá a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los inquilinos deberán suscribirlo con su banco por un plazo máximo de seis años prorrogables a cuatro años sin que genere ni gastos ni intereses, y como máximo cubrirá seis mensualidades de la renta.

b) O cuando se trate de grandes tenedores,  es decir, personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de 10 inmuebles. En este caso el inquilino tiene la opción de exigir el aplazamiento temporal sin que este tipo de propietario se pueda negar.

¿Qué documentos hay que presentar para acceder al aval y a las moratorias?

Hay que entregar varios documentos, entre los que se incluyen los siguientes: un certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual que se otorga por desempleo; los autónomos necesitan, además, otro certificado de cese de actividad expedido por la Agencia Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma Para justificar el número de personas que habitan en a vivienda se necesitan el libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho y el certificado de empadronamiento. En los casos que sea necesario se deberá adjuntar también la declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente. Por otro lado, para demostrar la titularidad de los bienes, hay que pedir una nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar

Sin duda acceder a dichos documentos resultará aún más difícil por el cierre de las oficinas presenciales de la Administración y la prohibición de los desplazamientos.

Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del coronavirus, que le impiden tal aportación,  y tras la finalización del estado de alarma dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado en el momento actual.

¿Es necesario suscribir un seguro con el banco para que otorguen el aval?

Las entidades de crédito no pueden imponer la contratación de seguros a los usuarios que soliciten a los bancos las ayudas de financiación para el pago del alquiler, aunque algunos bancos están exigiendo la contratación de un seguro de vida como condición para conceder la financiación a través de las Líneas ICO.

¿En qué consistirá la prórroga extraordinaria de los contratos?

La prórroga extraordinaria está contemplada para los contratos de arrendamiento que finalicen desde el 31 de marzo hasta dos meses después desde la fecha de término del estado de alarma. Si el inquilino así lo solicita, el propietario deberá aceptar una prórroga del contrato de seis meses con las mismas condiciones contractuales y por lo tanto, sin subidas de la renta mensual.

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QUÉ HACER CON EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO. COVID-19.

1. ¿Puede el arrendatario dejar de pagar?
 No. Si lo hace estaría incumpliendo una de las premisas básicas del contrato de alquiler, que es el pago de la renta.

2. ¿Qué pasa si el arrendatario, como consecuencia del Cov-19, no puede pagar?
Lo idóneo es trabajar en puntos de entendimiento entre arrendador y arrendatario respecto al pago de la renta.

Podría ser:
– Suspensión del pago de la renta durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma o durante el tiempo que se pacte como prudencial para mantener la suspensión.
– Reducciones temporales del pago de la renta o aplazamientos. Las reducciones de renta pueden ser condonadas o bien, fraccionadas en el tiempo.
A falta de regulación específica, se abre un abanico de posibilidades para encontrar la fórmula que mejor satisfaga los intereses de arrendatarios y arrendadores, y con el asesoramiento profesional adecuado se puede hallar la fórmula o solución que mejor se adapte al caso. Ante una casuística variada, las soluciones no deben ser uniformes.

La mejor defensa, un buen asesoramiento. La mejor victoria, la que se obtiene sin ir a juicio. Salip Abogados. Info@salip-abogados.com. Teléfono 932019830.

AYUDAS AL ALQUILER. CRISIS DEL COVID-19

Debido a la crisis del Covid-19, se calcula que más de 500.000 familias no podrán hacer frente al pago del alquiler de su vivienda en los próximos meses.

Para hacer frente a esta problemática, se han aprobado las siguientes medidas que tiene por finalidad ayudar a todas aquellas personas que encontrándose en una situación de vulnerabilidad, entre ellas los afectados por algún expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y por reducciones de jornada laboral, los desempleados y los autónomos que hayan perdido ingresos, no pueden hacer frente al pago de sus alquileres.

Las cinco medidas son:

1.- Paralización de los desahucios sin alternativa habitacional por impago del alquiler durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma.

2.- Renovación automática de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma.

3.- Microcréditos públicos sin intereses para cumplir con el pago de la rentas, a devolver en un plazo de seis años ampliable a diez, para los inquilinos de caseros con menos de ocho/diez inmuebles en el mercado.

Estos inquilinos podrán primero solicitar a sus arrendadores un aplazamiento en el pago de las rentas y estos tendrán siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo.

En el caso de que no haya acuerdo, el inquilino tendrá acceso a los microcréditos.

Se trata de créditos finalistas, directamente pagados al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades, a devolver en un periodo máximo de diez años.

4.- El Estado se hará cargo de la deuda, si los inquilinos mantienen la situación de vulnerabilidad y no pueden pagarla después de la crisis (hasta 900 euros al mes y 200 euros de suministros y mantenimiento).

5.- Los inquilinos de grandes tenedores (propietarios públicos y privados de más de diez viviendas), entidades bancarias y fondos de inversión podrán obtener una moratoria en el pago de su renta por un máximo de cuatro meses y devolver las cuotas no pagadas de forma prorrateada durante un periodo máximo de tres años sin intereses.

Para más información envíe un mail a info@salip-abogados.com o llame al 932019830.