AYUDA A AUTÓNOMOS Y PYMES EN CASO DE QUE EL ARRENDADOR NO SEA UN GRAN TENEDOR.

¿Pueden aplazar el arrendamiento del local de negocio?
Sí. Se puede.

1. ¿Cómo proceder? Art. 2 Real Decreto-ley 15/2020
En el caso de que la pyme o autónomo cuente con un arrendador que no sea considerado un gran tenedor (ser titular de más de 10 inmuebles), es decir sea un pequeño propietario, podrá solicitar en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor del Real Decreto–en vigor desde el 23 de abril-, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que la moratoria o la rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes previamente.
Se abre la posibilidad de aplicar la fianza para el pago de las rentas que se consideren aplazadas. En este caso, el arrendatario tendrá que reponer la fianza en el plazo de un año desde que se acuerde o hasta el vencimiento del contrato.

2. ¿Qué requisitos debe cumplir el arrendatario para solicitar las medidas? Art. 3 Real Decreto-ley 15/2020


En el caso de autónomos:


Que estén afiliados y en situación de alta en la fecha de la declaración del Estado de Alarma en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA;

Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


En el caso de PYMES:


Que no superen los límites establecidos en el artículo 257 de la LSC esto es (a) que el activo no supere los 4.000.000 de euros; (b) que el importe neto de la cifra anual de negocios no supere los 8.000.000 de euros; y (c) que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.
Que su actividad se encuentre suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020 o, en el supuesto de que no se haya suspendido, que se haya reducido su facturación del mes natural anterior a aquel en que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75%, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.


Nuestro despacho analizará su situación, ofreciéndole un asesoramiento detallado sobre las claves para plantear la solicitud de moratoria. Buscamos la mejor solución para arrendador y arrendatario.


La mejor defensa, un buen asesoramiento. La mejor victoria, la que se obtiene sin ir a juicio.

No dude en contactar con nosotros en el 932019830 o en info@salip-abogados.com

CONCURSO DE ACREEDORES, ¿APLAZADO?

En nuestras publicaciones en Facebook,  “QUÉ PASA CON MI EMPRESA DESPUÉS DEL CONCURSO” del pasado 3 de Marzo y  “AVALANCHA DE CONCURSOS” del pasado 22 de abril, se planteaba la necesidad de la reforma de la Ley concursal a fin de mitigar las consecuencias legales para quien no presente concurso dentro de los dos meses siguientes de prever la imposibilidad de seguir pagando a sus acreedores, para evitar que se le condene personalmente al pago de las deudas.

Esta circunstancia (de no presentar el concurso en los dos meses siguientes a la previsión de insolvencia), es aprovechada, naturalmente, por los acreedores para presionar al deudor para que pague.

En el Consejo de Ministros celebrado ayer, el plazo para presentar el concurso se alargará hasta fin de este año y, quien tenía que cumplir un convenio o un acuerdo de refinanciación adoptado en un Concurso de Acreedores podrá renegociarlo. Sin embargo, esto no debe confundirse con una amnistía como titula La Vanguardia de hoy.

De las Pymes y Autónomos ¿cuántos saben si realmente se podrán recuperar de aquí a fin de año?.

Esta reforma en la Ley concursal, si no viene acompañada de medidas financieras realmente importantes, es decir, de Europa, que lleguen de verdad y, en cantidad suficiente, a  Pymes y Autónomos, no harán más que alargar la agonía y aumentar la responsabilidad de los que no puedan superar esta situación, porque, probablemente, los administradores de las sociedades, vendrán condenados al pago de las deudas.

Se indica en el mismo medio que el Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona,  José Mª Fdez. Seijo, entiende que, si la empresa ve que no se puede recuperar, debería presentar concurso.

Conviene preparar con tiempo esta nueva situación, para aprovecharla, sin incurrir en riesgos innecesarios.

Nuestro despacho, con 40 años de experiencia en materia concursal, ha tramitado el único concurso conocido en España, (por nosotros) en el que, tras su tramitación, han cobrado absolutamente todos los acreedores y, además los socios que habían invertido su capital, llegando, alguno de los socios, a recuperar un millón de Euros invertido.

Haga su consulta por mail o teléfono.
Podemos mantener una reunión telemática, y si
su situación es urgente incluso personal.

Tel. (+34) 93.201.98.30 E-mail: info@salip-abogados.com

QUÉ HACER CON EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO. COVID-19.

1. ¿Puede el arrendatario dejar de pagar?
 No. Si lo hace estaría incumpliendo una de las premisas básicas del contrato de alquiler, que es el pago de la renta.

2. ¿Qué pasa si el arrendatario, como consecuencia del Cov-19, no puede pagar?
Lo idóneo es trabajar en puntos de entendimiento entre arrendador y arrendatario respecto al pago de la renta.

Podría ser:
– Suspensión del pago de la renta durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma o durante el tiempo que se pacte como prudencial para mantener la suspensión.
– Reducciones temporales del pago de la renta o aplazamientos. Las reducciones de renta pueden ser condonadas o bien, fraccionadas en el tiempo.
A falta de regulación específica, se abre un abanico de posibilidades para encontrar la fórmula que mejor satisfaga los intereses de arrendatarios y arrendadores, y con el asesoramiento profesional adecuado se puede hallar la fórmula o solución que mejor se adapte al caso. Ante una casuística variada, las soluciones no deben ser uniformes.

La mejor defensa, un buen asesoramiento. La mejor victoria, la que se obtiene sin ir a juicio. Salip Abogados. Info@salip-abogados.com. Teléfono 932019830.

SOLUCIÓN ECONÓMICA

El 29/5/2015 publicábamos en el blog http://www.salipabogados.wordpress.com las nuevas medidas legales para ayudar a aquellas personas que han sufrido un fracaso económico empresarial o personal a causa de la crisis anterior de la burbuja inmobiliaria.

El deudor persona natural, autónomo o profesional “de buena fe”, podrá intentar un acuerdo extrajudicial de pagos o judicial y obtener el beneficio de liberarse de determinadas deudas pendientes.

Es evidente que el parón económico, por la crisis sanitaria, ya ha hecho mucho daño a la economía de las pequeñas empresas, autónomos y profesionales, y que entramos en una época de depresión, pues las medidas del gobierno, sin apoyo financiero de Europa por medio de “Corona-Bonos”, son totalmente insuficientes para una recuperación real de la economía.

El Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), consiste en que el deudor que presente en el Juzgado una propuesta de plan de pagos y quitas razonable, para pagar en un plazo de 5 años sin intereses, una vez oídos los acreedores por plazo de 10 días, será aprobado por el juez provisionalmente en los términos en que hubiera sido presentado o, con las modificaciones que se estimen oportunas.

Es importante tener presente que el deudor no deba más de 5 millones de euros.

Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos, el Juez reconocerá con carácter definitivo la exoneración, es decir el perdón, de las deudas objeto de quita.

Si no se hubiera podido cumplir el plan de pagos, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, el Juez también podrá declarar la exoneración definitiva de las deudas insatisfechas del deudor que hubiese destinado una parte importante de sus ingresos a su cumplimiento.

Es habitual que el empresario intente tirar del carro para salir de la crisis por sus propios medios, en ocasiones esperando la recuperación económica en tiempos mejores y poniendo sus ahorros en su negocio para intentar cumplir sus responsabilidades. Sin embargo todo ello, en ocasiones no es suficiente, o es imposible por deudas como las de Hacienda y Seguridad Social.

En esas ocasiones es importante vencer la reticencia natural del empresario a acogerse a estos beneficios legales, porque en otro caso, sucede con frecuencia, que finalmente por no poder pagar las deudas, se liquida en el Juzgado el negocio, lamentablemente por valores ridículos, pudiendo además el Juzgado condenar al empresario a pagar la diferencia entre el importe de la deuda y el menor importe que se ha obtenido de la liquidación judicial del negocio, con lo que finalmente el empresario pierde el negocio y también su patrimonio.

Por ello es importante un análisis detallado de la situación de cada negocio, que con un conocimiento técnico-legal especializado, permitirá una gran capacidad de negociación, y un asesoramiento adecuado que ofrezca la solución más certera en cada caso.

Estamos a su disposición para ofrecerle la mejor solución.

info@salip-abogados.com  –  Tel.  932019830

PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS COVID 19

Sabemos que la deseable recuperación de la actividad económica será lenta y difícil; que lo inmediato es atender las obligaciones con proveedores, personal, hacienda, seguridad social, etc., y que probablemente nos faltará apoyo de la Unión Europea.

Con el parón de la actividad, una gran parte de pequeños empresarios ya saben que no podrán atender a todas sus obligaciones. Lo que muchos no saben es el alcance de su responsabilidad y cómo afrontar esta situación.

Nadie quiere perder su negocio y, además, muchos empresarios se encuentran atrapados con hipotecas sobre sus bienes para garantizar las responsabilidades del negocio de su actividad o de su sociedad.

El primer peligro es la falta de tesorería, y con ella el imprescindible análisis del empresario para saber si va o no poder pagar, puesto que la Ley Concursal, en su Art. 5, le obliga a solicitar la declaración de Concurso de Acreedores dentro de los DOS MESES siguientes a la fecha en que hubiera podido o debido conocer que no podría pagar. Por lo tanto, para no incurrir en mayores responsabilidades, es preciso realizar de inmediato ese análisis y ver en qué situación se encuentra el negocio, para no caer en lo que frecuentemente sucede en situaciones de crisis, como es simular una situación patrimonial ficticia, sobre todo frente a proveedores, etc., para poder obtener los bienes y servicios que permitan continuar la actividad, ya que ello agravará la responsabilidad del empresario. (164.6).

Hay que tener en cuenta que se presume la culpabilidad del empresario cuando no presentó el concurso dentro de esos dos meses (165.1), y esa responsabilidad alcanza a directores y gerentes, pudiendo incluso suceder que sean condenados por el Juez a la indemnización de los daños y perjuicios causados (172.3).

¿Al pago de qué importe pueden ser condenados? Pueden ser cifras muy importantes, pues la Ley establece que será la diferencia entre el importe total de las deudas y el valor por el que se hayan liquidado los bienes de esa empresa.

El gobierno debería modificar la Ley Concursal, para evitar las graves consecuencias legales que hoy por hoy puede suponer para los empresarios, y así evitar la “liquidación forzosa” en un concurso o, mucho peor, fuera de él, de empresas que son, en definitiva, imprescindibles para que la economía resurja, y se genere empleo. Lamentablemente todos los indicios muestran que el gobierno no lo hará. Por ello es fundamental la previsión y el asesoramiento.

Contamos con un departamento especializado en Derecho Concursal y derecho de empresa, donde podemos examinar y facilitar la solución jurídica que su empresa pueda precisar.