NULIDAD IRPH

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La sentencia del Tribunal de Justica de la Unión Europea, de 3 de marzo de 2020, en el asunto C-125/18, no se atrevIó a declarar la nulidad de las cláusulas del IRPH  al igual que se hizo con la nulidad de las clausulas suelo, e indica que el control de transparencia y la nulidad de la clausula IRPH debe ser valorada por el juzgado nacional en cada caso.

El Tribunal Supremo en Sentencia del Pleno 669/2017 de 14/XII negó la posibilidad de anular el IRPH en base al error de creer que el IRPH era no era manipulable, entendiendo que era un índice oficial publicado por el Banco de España.

Sin embargo, el IRPH ha sido susceptible de influencia por las cajas de ahorros ya que su calculo se ha basado en los datos que facilitan las propias cajas de ahorro, de forma que el Banco de España hace un media simple con esos datos, así cada entidad sabe, en todo momento, cual es el grado de influencia en el valor futuro del IRPH.

Ya en 2009, la Unión Europea con el objetivo de asegurar que el IRPH no estuviese sujeto a manipulaciones interesadas y que fuese un reflejo de la economía real instó eliminar el índice del IRPH de cajas y bancos, sin embrago no es hasta 2013 cuando el Banco de España deja de publicarlo y se produce la desaparición completa del IRPH cajas y bancos.

A partir de este momento, las entidades de crédito solo pueden utilizar como tipo de referencia aquellos que están calculados a coste de mercado y así el índice no será susceptible de influencia por las mismas entidades en virtud de acuerdos o de prácticas conscientes paralelas. Además se exige que los datos que sirven como base a los índices sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo.

Existe otro IRPH que es el de entidades, que sigue vigente y adolece de las mismas o gran parte de las deficiencias del extinto IRPH de cajas, sigue siendo influenciable por parte de las entidades financieras.

Se puede constatar que a lo largo de tantísimos años el IRPH ha sufrido prácticamente las mismas variaciones que el Euribor pero siempre, siempre, muy por encima de él.

Hoy se dicta la sentencia del TS que confirmará esta nulidad.


¿Qué sucede con las entradas de espectáculos, eventos culturales, eventos especiales, galas, eventos deportivos, entre otros?

Ilustración de Dos Entradas Para Un Concierto De Guitarra En Vivo ...

Tras la emisión de los Reales decretos en los que se regula el estado de alarma, la situación de este tipo de ocio queda muy clara. En los casos en los que resulte imposible que se cumpla el objeto del contrato, el consumidor tiene derecho a anular la operación durante en plazo de 14 días.

Antes de dicho Real Decreto, para solicitar la devolución del coste de las entradas a espectáculos nos basábamos en el artículo 1105 del Código Civil donde se regula la fuerza mayor.

Pero, tras lo citado anteriormente, si procede la resolución del contrato, el titular del servicio deberá obligatoriamente devolver las cantidades que hayan sido abonadas por el usuario. Para realizar la devolución disponen de un plazo máximo de 14 días y deberá realizarse mediante la misma vía que se efectuó el pago salvo que se pacte previamente otra vía con el usuario final.

Aún así, cabe la posibilidad de que el prestador del servicio ofrezca una alternativa como puede ser una fecha alternativa para celebrar el evento o bien un bono sustitutorio para su disfrute posterior. Si en un plazo máximo de 60 días el usuario no acepta la propuesta alternativa, el prestador deberá obligatoriamente reembolsar las cantidades abonadas.

A pesar de todo esto, el prestador del servicio podrá descontar los gastos que le ocasione el reembolso.

Contacte con nosotros en el 932019830 o en info@salip-abogados.com

¿Qué derechos tengo si he realizado una compra online?

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Si he realizado una compra vía online, la empresa deberá entregar los artículos sin demora indebida y siempre en un plazo máximo de 30 días desde que se entienda celebrado el contrato, a no ser que se hayan acordado previamente otros plazos de entrega diferente. Si estos plazos no se cumplen, el consumidor podrá resolver el contrato y, por tanto, la empresa deberá reembolsar todas las cantidades que hayan sido abonadas por el usuario sin demoras indebidas.

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¿Qué sucede con el pago de las cuotas mensuales academias, los gimnasios, los bonos del fútbol, etc?

How High Is Too High for 401(k) Fees? - Consumer Reports

Son servicios de tracto sucesivo ya que son pagos recurrentes de manera mensual.
Dichas actividades que se han visto anuladas pero incluso han podido ser pagadas por adelantado. En este caso, el prestador del servicio podrá ofrecer al consumidor la opción de disfrutar el servicio a posteriori cuando todo vuelva a la normalidad o bien realizar una minoración de futuras cuotas.


Si el usuario no estuviera de acuerdo con este tipo de alternativas, se le deberán reembolsar los importes de las cuotas que se hayan abonado en la parte proporcional al período en que dicho servicio no haya sido prestado. Además, no se deberán seguir cobrando nuevas mensualidades durante el tiempo en que el servicio no pueda prestarse con normalidad.


A pesar de ello, debemos tener en cuenta, que por el Estado de Alarma no procede la rescisión del contrato, de manera que una vez finalice la situación las partes volverán a asumir sus obligaciones contractuales.

No dude en contactar con nosotros en el 932019830 o en info@salip-abogados.com

¿QUÉ SUCEDE SI HE COMPRADO ALGO ONLINE Y QUIERO DEVOLVERLO?

Enlace al artículo Trucos para reconocer una web segura de compra online

Si nos centramos en las compras online, lo normal es que se establezca que el plazo para su devolución sea de 14 días desde la recepción del artículo comprado, pero debido al estado de alarma se ha interrumpido dicho plazo hasta que se decrete el levantamiento de este estado. Es decir, si has adquirido algún artículo vía online no vas a perder el derecho a su devolución o al desistimiento de la compra.

Más información en info@salip-abogados.com y 932019830.

¿SE HA CANCELADO TU VUELO DEBIDO AL COVID-19?

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Todos aquellos viajeros de compañías aéreas que hayan visto cancelados sus vuelos debido a la prohibición de vuelo establecidas en algún país, tienen derecho a:

  1. Recibir por parte de la compañía aérea las condiciones de asistencia y compensación.
  2. Comida y bebida suficiente, llamadas telefónicas o acceso al email y si fuera necesario las noches de alojamiento y el transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento.
  3. Reembolso o transporte alternativo hasta el destino final.
  4. Si el transportista cancela el viaje, puede ofrecer un bono sustitutivo al viajero pero si el viajero prefiere el reembolso deberá efectuar el mismo no pudiendo imponer la emisión de dicho bono sustitutivo.
  5. Sin embargo, si no ha cancelado el vuelo, el viajero deberá comprobar si en los términos y condiciones por razones de emergencia sanitaria existe la posibilidad de cancelarlo o si es posible aplazar o cancelar el viaje a dichas zonas.
  6. Si el usuario se ve afectado por el estado de alarma aunque no se hayan cancelado los vuelos, tendrán derecho a cancelar el vuelo sin ningún tipo de penalización.

Si las aerolíneas no cumplen sus obligaciones o vulneran los derechos de los viajeros, estos podrán reclamar a la compañía y si esta no responde a dicha reclamación correctamente, podrán presentar una reclamación ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sin ningún tipo de coste adicional.

Para más información y asesoramiento, no dude en llamar al 932019830 o enviar un mail a info@salip-abogados.com

¿Tenías un billete de tren y no puedes realizar el viaje?

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Si debido a las medidas decretadas por el estado de alarma el viajero no puede realizar el viaje o la compañía lo ha suspendido, tendrá derecho a resolver al contrato de transporte sin penalización de ningún tipo en un plazo de 14 días desde la finalización del estado de alarma. Aún así, el transportista podrá ofrecer una alternativa y si no es aceptada por el viajero se reembolsará el importe abonado.

Más información en info@salip-abogados.com y 932019830.

PAGO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS Y COVID-19

¿Estoy obligado a pagar la pensión de alimentos? SÍ. El cumplimiento de las resoluciones judiciales durante el estado de alarma sigue siendo obligatorio.

Sin ingresos, no puedo pagar ¿qué hago? No quedarse quieto.

 La obligación de cubrir las necesidades de los hijos menores ha de primar sobre la satisfacción de las propias de los progenitores, por lo que, partiendo de esta premisa, dejar simplemente de pagar la pensión de alimentos, agravará el  problema, ya que el impago puede perseguirse por vía civil y también penal.

Si se encuentra en esa situación, y puede acreditar la disminución esencial de ingresos, debe acudir a un abogado especializado en derecho de familia donde examinaremos y le facilitaremos la solución jurídica que mejor se adapte a su realidad, que puede ir desde el pacto, hasta preparar una demanda de modificación de medidas…..El asesoramiento es la mejor defensa.

No dude en contactar con nosotros para que le asesoremos, tenemos más de 30 años de experiencia en el sector.

Salip Abogados. info@salip-abogados.com. Teléfono: 932019830

LOS CONTRATOS CON CONSUMIDORES Y LOS VIAJES COMBINADOS EN EL ESTADO DE ALARMA

Estado de alarma: El Gobierno permitirá cancelar contratos a los ...

Frente a  las situaciones de incumplimiento contractual de los empresarios como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma, los consumidores  tendrán derecho a resolver el contrato en aquellos casos en los que este haya devenido de imposible cumplimiento a consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma.

Este derecho debe ser ejercitado dentro del plazo de 14 días desde que se haya puesto de manifiesto la imposibilidad de cumplimiento del contrato.

Ahora bien, el RDL 11/2020 modula en cierto modo las consecuencias de este derecho,  pues se podría dañar irremediablemente la solvencia de los empresarios.

Así, en aquellos supuestos en los que el cumplimiento del contrato no haya devenido definitivamente imposible a raíz de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma, el RDL 11/2020 sugiere a los empresarios que de buena fe ofrezcan a los consumidores, y sugiere a estos últimos que de buena fe las acepten, fórmulas mediante las que se trate de reestablecer la reciprocidad de intereses y evitar la resolución del contrato.

Se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la imposible ejecución del contrato sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión.

En aquellos casos en los que el reequilibrio contractual resulte definitivamente imposible, para lo que bastará que el consumidor se limite a no aceptar el ofrecimiento que haya podido recibir del empresario, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días, salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte del consumidor y usuario.

VIAJES COMBINADOS

El consumidor tendrá derecho a la resolución del contrato en el caso de que la ejecución del viaje combinado o, en general, el transporte de viajeros al lugar de destino haya devenido imposible, pero limitando la obligación del organizador del viaje de reembolsar al consumidor.

El organizador del viaje únicamente estará obligado a reembolsar al consumidor aquella parte de la cantidad que este hubiera abonado para la contratación del viaje y que a su vez los proveedores de servicios incluidos en el contrato de viaje combinado hubieran procedido a devolver al organizador.

En relación con aquella parte que los proveedores de servicios no hubieran procedido a devolver al organizador, este cumplirá con su obligación de reembolso al consumidor con la entrega a este último de un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso total o parcial que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado.

Puede realizarnos cualquier consulta a info@salip-abogados.com o al 932019830.

A VUELTAS CON LA CUSTODIA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

En el post anterior se trataron los criterios adoptados por los Juzgados de Familia de Barcelona sobre la custodia y régimen de visitas durante el estado de alarma, respondiendo a la cuestión de si el estado de alarma suspendía la vigencia de la custodia compartida y de los regímenes de visita.

Aunque se trata de una cuestión muy sensible, afectando al interés superior de los menores y con incidencia en tantas familias, no se ha conseguido certidumbre, sino que por el contrario, proliferan una gran diversidad de criterios que han ido adoptando las Juntas de los Juzgados de Familia. Dependiendo de la población, la respuesta a la pregunta varía.

En Barcelona, en esencia, para no reiterar lo expuesto más extensamente en el post anterior, la Junta de Jueces de Familia, establece que durante la vigencia del estado de alarma, el sistema de responsabilidad parental deberá ser ejercido por el progenitor custodio -en el supuesto de custodia exclusiva- y, por el progenitor que ostentaba la guarda, en el momento de decretarse el estado de alarma -en el supuesto de custodia compartida-. Lo que en la práctica se traduce en que durante este periodo excepcional, sí queda en suspenso la custodia compartida y régimen de visitas, debiendo quedarse los menores con uno de los progenitores y no alternar. Criterio al que se adhieren los Juzgados de Mataró,Tarragona, Reus y Terrassa, entre otros.

En cambio, el acuerdo de la Junta de Jueces de Familia de Girona de 22 de marzo de 2020, mantiene en esencia, durante este periodo excepcional, la custodia compartida y el régimen de visitas, suspendiendo únicamente las visitas intersemanales en los supuestos de guarda exclusiva. Un criterio similar al adoptado por la Junta de Jueces de Familia de Lleida.

Ante esta diversidad de criterios, lo que esencialmente debe primar es el comportamiento responsable de los progenitores, centrándose en proteger el interés de los hijos, y resolviendo la discrepancia de la manera más consensuada y pacífica posible, con más razón si cabe, ante esta situación de excepcionalidad y gravedad.