CONFINAMIENTO Y DIVORCIO

Es una realidad que la cuarentena y el confinamiento forzoso están poniendo más a prueba que nunca la “afecttio maritalis”, y es una realidad que el confinamiento y el “encierro” inevitable está ocasionando en muchos parejas una crisis de convivencia que desemboca, para muchas de ellas, en tomar la iniciativa de ruptura, de separarse porque el vínculo ya no es subsanable.

¿Cómo proceder? Inicialmente, como primera pauta, no debe transmitirse a la pareja la voluntad de ruptura sin haber hablado previamente con un profesional que asesore. La ruptura es uno de los actos jurídicos más trascendentes de la vida, esencialmente cuando hay hijos comunes, por ello, aunque se piense que se puede resolver por uno mismo, no es así, se deben conocer los derechos que tienen cada uno y los de los hijos, esencialmente, si son menores, que son el interés superior a proteger. No es prudente ni aconsejable proponer ni tampoco aceptar medidas sobre el domicilio familiar, custodia/guarda, pensiones, etc…sin haberse asesorado previamente con un profesional.

Es esencial buscar asesoramiento en profesionales que pueden analizar la situación, por cuanto no caben soluciones genéricas sino individualizadas a la realidad de cada familia y pasar por este proceso de ruptura informado, conociendo las implicaciones de cada decisión y el camino que se va a recorrer, hará que la transición hacia el nuevo modelo
familiar sea más llevadero.

Para más información, envíenos un mail a info@salip-abogados.com o llámenos al 932019830.

AVALANCHA DE CONCURSOS DE ACREEDORES.

Van a venir en masa, y ya estamos preparados para tramitarlos sin sobresaltos.

Nos comentan algunos empresarios que es muy grave la situación económica de su negocio, tras el confinamiento del Covid 19 y la escasa reacción del gobierno. Los administradores están preocupados.

El consumo baja, los pedidos han caído, la tesorería también, el PIB bajará un porcentaje importante, es difícil reducir los gastos de estructura. Existe mucha incertidumbre en la capacidad de pago de los clientes que, esperemos no acaben también sin capacidad económica para cumplir sus compromisos.

Continuar la actividad en esta situación, en un mercado con pocas expectativas, hoy por hoy, es arriesgado cuando es probable que lo único que podamos hacer es engordar el importe de las deudas de la empresa, lo que comportaría acabar en situación de concurso que, por ir esperando, puede provocar que sea declarado culpable.

Nuestro trabajo principal, es evitar las derivaciones de responsabilidad, y que el administrador salga indemne en los casos en que puedan existir irregularidades.

Si la compañía tiene posibilidades de recuperación con una inyección financiera, podemos buscar inversores que compren la unidad productiva. 

Finalmente en los casos sin solución, es decir de liquidación del negocio, nuestro despacho, con 40 años de experiencia en materia concursal, ha tramitado el único concurso conocido en España, (por nosotros) en el que, tras su tramitación, han cobrado absolutamente todos los acreedores y, además los socios que habían invertido su capital, llegando, alguno de los socios, a recuperar un millón de Euros invertido.

Después de los ERTES,  de no poder despedir a ningún trabajador; de los aplazamientos de las deudas tributarias, de que el banco ofrece crédito pero solicita más garantías de las necesarias, muchos empresarios frente a algún impago avalaran personalmente los créditos actuales. Otros pondrán bienes particulares en garantía de los créditos, necesitarán más financiación de su negocio. Frente a las dudas de si con todo esto podrán recuperarse, conviene ver las ventajas que puede tener el concurso para liberarse de responsabilidad, y de aumentar los pasivos. Hay que valorar las ventajas de empezar un nuevo negocio.

Aparte del concurso, existen fórmulas previas a la judicial, que pueden permitir reducir el pasivo y, por supuesto, la responsabilidad del Administrador y/o socios de la empresa que vive está terrible situación.

Nuestro empeño es salvar a nuestros clientes de situaciones que los elimine del mercado, pues si muere la empresa, todos perdemos, pero si muere la empresa, el cliente no debe perder más.

Es muy frecuente consultar tarde, por favor consulten su situación con antelación,  impresiona a muchos ver la cantidad de ventajas que les ha proporcionado la anticipación.

Estamos a su disposición en info@salip-abogados.com o 932019830.

COVID-19. LA BUROCRACIA PUEDE ECHAR AL TRASTE LAS AYUDAS A LOS COLECTIVOS VULNERABLES

La burocracia que tendrán que atravesar los colectivos vulnerables para conseguir las ayudas,  no será ni fácil ni rápido, por lo que estos colectivos pueden quedar totalmente desprotegidos.

Qué difícil es combatir la burocracia!

¿Qué inquilinos pueden solicitar estas ayudas?

Los inquilinos «vulnerables», es decir, aquellos que se vean forzados ahora a destinar más del 35% de sus ingresos al pago del arrendamiento de la vivienda habitual.

Por otro lado, el colectivo que se siga viendo afectado una vez que pase la crisis se considera «estructural» y el pago de sus rentas estará cubierto con cargo a fondos públicos.

Las personas en situación de vulnerabilidad deben cumplir los siguientes requisitos: encontrarse en situación de desempleo, en ERTE, con reducción de jornada laboral por estar a cargo de familiares, o en el caso de autónomos, que hayan sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos; que los ingresos de la unidad familiar no superen en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (el IPREM) -este límite se incrementará en 0,1 veces por cada hijo o persona mayor de 65 años a cargo-. o que la renta del arrendamiento más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

¿Quién puede solicitar la suspensión de la ejecución del desahucio?

El inquilino deberá comparecer en el juzgado, solicitar la suspensión y acreditar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que cumple los requisitos enumerados anteriormente.

¿En qué casos se contempla la moratoria de la deuda arrendaticia?

Hay que  distinguir entre dos supuestos:

a) Cuando el dueño de la vivienda es un pequeño propietario. En este supuesto el arrendatario cuenta con un plazo de un mes a contar desde el 1 de abril para solicitar al arrendador el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta o bien su condonación total o parcial. «Si en un plazo de siete días se negara a alcanzar ningún tipo de acuerdo, se podrá solicitar la ayuda económica al estado, que se resume en una solicitud de préstamo avalado por el estado. Este préstamo se concederá a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los inquilinos deberán suscribirlo con su banco por un plazo máximo de seis años prorrogables a cuatro años sin que genere ni gastos ni intereses, y como máximo cubrirá seis mensualidades de la renta.

b) O cuando se trate de grandes tenedores,  es decir, personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de 10 inmuebles. En este caso el inquilino tiene la opción de exigir el aplazamiento temporal sin que este tipo de propietario se pueda negar.

¿Qué documentos hay que presentar para acceder al aval y a las moratorias?

Hay que entregar varios documentos, entre los que se incluyen los siguientes: un certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual que se otorga por desempleo; los autónomos necesitan, además, otro certificado de cese de actividad expedido por la Agencia Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma Para justificar el número de personas que habitan en a vivienda se necesitan el libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho y el certificado de empadronamiento. En los casos que sea necesario se deberá adjuntar también la declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente. Por otro lado, para demostrar la titularidad de los bienes, hay que pedir una nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar

Sin duda acceder a dichos documentos resultará aún más difícil por el cierre de las oficinas presenciales de la Administración y la prohibición de los desplazamientos.

Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del coronavirus, que le impiden tal aportación,  y tras la finalización del estado de alarma dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado en el momento actual.

¿Es necesario suscribir un seguro con el banco para que otorguen el aval?

Las entidades de crédito no pueden imponer la contratación de seguros a los usuarios que soliciten a los bancos las ayudas de financiación para el pago del alquiler, aunque algunos bancos están exigiendo la contratación de un seguro de vida como condición para conceder la financiación a través de las Líneas ICO.

¿En qué consistirá la prórroga extraordinaria de los contratos?

La prórroga extraordinaria está contemplada para los contratos de arrendamiento que finalicen desde el 31 de marzo hasta dos meses después desde la fecha de término del estado de alarma. Si el inquilino así lo solicita, el propietario deberá aceptar una prórroga del contrato de seis meses con las mismas condiciones contractuales y por lo tanto, sin subidas de la renta mensual.

info@salip-abogados.com. Teléfono 932019830

QUÉ HACER CON EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO. COVID-19.

1. ¿Puede el arrendatario dejar de pagar?
 No. Si lo hace estaría incumpliendo una de las premisas básicas del contrato de alquiler, que es el pago de la renta.

2. ¿Qué pasa si el arrendatario, como consecuencia del Cov-19, no puede pagar?
Lo idóneo es trabajar en puntos de entendimiento entre arrendador y arrendatario respecto al pago de la renta.

Podría ser:
– Suspensión del pago de la renta durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma o durante el tiempo que se pacte como prudencial para mantener la suspensión.
– Reducciones temporales del pago de la renta o aplazamientos. Las reducciones de renta pueden ser condonadas o bien, fraccionadas en el tiempo.
A falta de regulación específica, se abre un abanico de posibilidades para encontrar la fórmula que mejor satisfaga los intereses de arrendatarios y arrendadores, y con el asesoramiento profesional adecuado se puede hallar la fórmula o solución que mejor se adapte al caso. Ante una casuística variada, las soluciones no deben ser uniformes.

La mejor defensa, un buen asesoramiento. La mejor victoria, la que se obtiene sin ir a juicio. Salip Abogados. Info@salip-abogados.com. Teléfono 932019830.

LOS CONTRATOS CON CONSUMIDORES Y LOS VIAJES COMBINADOS EN EL ESTADO DE ALARMA

Estado de alarma: El Gobierno permitirá cancelar contratos a los ...

Frente a  las situaciones de incumplimiento contractual de los empresarios como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma, los consumidores  tendrán derecho a resolver el contrato en aquellos casos en los que este haya devenido de imposible cumplimiento a consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma.

Este derecho debe ser ejercitado dentro del plazo de 14 días desde que se haya puesto de manifiesto la imposibilidad de cumplimiento del contrato.

Ahora bien, el RDL 11/2020 modula en cierto modo las consecuencias de este derecho,  pues se podría dañar irremediablemente la solvencia de los empresarios.

Así, en aquellos supuestos en los que el cumplimiento del contrato no haya devenido definitivamente imposible a raíz de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma, el RDL 11/2020 sugiere a los empresarios que de buena fe ofrezcan a los consumidores, y sugiere a estos últimos que de buena fe las acepten, fórmulas mediante las que se trate de reestablecer la reciprocidad de intereses y evitar la resolución del contrato.

Se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la imposible ejecución del contrato sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión.

En aquellos casos en los que el reequilibrio contractual resulte definitivamente imposible, para lo que bastará que el consumidor se limite a no aceptar el ofrecimiento que haya podido recibir del empresario, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días, salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte del consumidor y usuario.

VIAJES COMBINADOS

El consumidor tendrá derecho a la resolución del contrato en el caso de que la ejecución del viaje combinado o, en general, el transporte de viajeros al lugar de destino haya devenido imposible, pero limitando la obligación del organizador del viaje de reembolsar al consumidor.

El organizador del viaje únicamente estará obligado a reembolsar al consumidor aquella parte de la cantidad que este hubiera abonado para la contratación del viaje y que a su vez los proveedores de servicios incluidos en el contrato de viaje combinado hubieran procedido a devolver al organizador.

En relación con aquella parte que los proveedores de servicios no hubieran procedido a devolver al organizador, este cumplirá con su obligación de reembolso al consumidor con la entrega a este último de un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso total o parcial que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado.

Puede realizarnos cualquier consulta a info@salip-abogados.com o al 932019830.

SOLUCIÓN ECONÓMICA

El 29/5/2015 publicábamos en el blog http://www.salipabogados.wordpress.com las nuevas medidas legales para ayudar a aquellas personas que han sufrido un fracaso económico empresarial o personal a causa de la crisis anterior de la burbuja inmobiliaria.

El deudor persona natural, autónomo o profesional “de buena fe”, podrá intentar un acuerdo extrajudicial de pagos o judicial y obtener el beneficio de liberarse de determinadas deudas pendientes.

Es evidente que el parón económico, por la crisis sanitaria, ya ha hecho mucho daño a la economía de las pequeñas empresas, autónomos y profesionales, y que entramos en una época de depresión, pues las medidas del gobierno, sin apoyo financiero de Europa por medio de “Corona-Bonos”, son totalmente insuficientes para una recuperación real de la economía.

El Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), consiste en que el deudor que presente en el Juzgado una propuesta de plan de pagos y quitas razonable, para pagar en un plazo de 5 años sin intereses, una vez oídos los acreedores por plazo de 10 días, será aprobado por el juez provisionalmente en los términos en que hubiera sido presentado o, con las modificaciones que se estimen oportunas.

Es importante tener presente que el deudor no deba más de 5 millones de euros.

Transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pagos, el Juez reconocerá con carácter definitivo la exoneración, es decir el perdón, de las deudas objeto de quita.

Si no se hubiera podido cumplir el plan de pagos, atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, el Juez también podrá declarar la exoneración definitiva de las deudas insatisfechas del deudor que hubiese destinado una parte importante de sus ingresos a su cumplimiento.

Es habitual que el empresario intente tirar del carro para salir de la crisis por sus propios medios, en ocasiones esperando la recuperación económica en tiempos mejores y poniendo sus ahorros en su negocio para intentar cumplir sus responsabilidades. Sin embargo todo ello, en ocasiones no es suficiente, o es imposible por deudas como las de Hacienda y Seguridad Social.

En esas ocasiones es importante vencer la reticencia natural del empresario a acogerse a estos beneficios legales, porque en otro caso, sucede con frecuencia, que finalmente por no poder pagar las deudas, se liquida en el Juzgado el negocio, lamentablemente por valores ridículos, pudiendo además el Juzgado condenar al empresario a pagar la diferencia entre el importe de la deuda y el menor importe que se ha obtenido de la liquidación judicial del negocio, con lo que finalmente el empresario pierde el negocio y también su patrimonio.

Por ello es importante un análisis detallado de la situación de cada negocio, que con un conocimiento técnico-legal especializado, permitirá una gran capacidad de negociación, y un asesoramiento adecuado que ofrezca la solución más certera en cada caso.

Estamos a su disposición para ofrecerle la mejor solución.

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ATENCIÓN. SOCIEDADES EN ESTADO DE ALARMA

El RDL 8/2020 ha adoptado una serie de medidas encaminadas a solucionar obstáculos y paliar dificultades a los que se enfrentan las sociedades, durante la crisis sanitaria.

1.-  MEDIDAS RELATIVAS AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.

Durante el periodo de alarma y aunque no esté previsto en los estatutos:

(A) Las reuniones del órgano de administración y demás comisiones podrán celebrarse por videoconferencia.

(B) Los acuerdos del órgano de administración y demás comisiones  podrán adoptarse por escrito y sin sesión, si lo decide el presidente o lo solicitan dos de sus miembros.

2.-  MEDIDAS RELATIVAS A LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

(A) El plazo para formular las cuentas anuales será de tres meses a contar desde la fecha de finalización del estado de alarma.

El plazo para que la junta general se reúna para tratar sobre su aprobación es de otros tres meses desde que finalice el plazo para su formulación.

En el caso de las sociedades cotizadas, podrán celebrar la junta general ordinaria del 2020, hasta el 30 de octubre.

(B) En el caso de sociedades sujetas a auditoría obligatoria, si en la fecha de declaración del estado de alarma el órgano de administración ya hubiese formulado las cuentas anuales, el plazo para su verificación por el auditor se prorroga por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

3.- MEDIDAS RELATIVAS A LA JUNTA GENERAL

(A) El órgano de administración podrá desconvocar o modificar  la fecha de celebración de las junta generales convocadas antes de la declaración del estado de alarma.

Se requiere,  publicar un anuncio con una antelación mínima de 48 horas a la fecha prevista en la página web de la sociedad y, si no tuviera, en el  BORME. Si es para desconvocar la junta, el órgano de administración deberá convocarla dentro del mes siguiente a la finalización del estado de alarma.

(B) El notario requerido para asistir a la junta general de socios para levantar acta de la reunión podrá hacerlo por medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen el cumplimiento de su función.

4.-  OTRAS MEDIDAS APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE CAPITAL DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA

(A) Los socios no podrán ejercer el derecho de separación legal o estatutario.

(B) No se producirá la disolución de pleno derecho de aquellas sociedades para las que transcurriera su término de duración. La disolución solo se producirá transcurridos dos meses desde la finalización del estado de alarma.

(C) En el supuesto de sociedades que incurran en causa legal o estatutaria de disolución (en especial la reducción por pérdidas del patrimonio neto por debajo de la mitad de la cifra de capital social ex art. 363.1.e LSC), el plazo de convocatoria de la junta general por el órgano de administración (para acordar la disolución o enervar la causa de disolución) queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma.

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AYUDAS AL ALQUILER. CRISIS DEL COVID-19

Debido a la crisis del Covid-19, se calcula que más de 500.000 familias no podrán hacer frente al pago del alquiler de su vivienda en los próximos meses.

Para hacer frente a esta problemática, se han aprobado las siguientes medidas que tiene por finalidad ayudar a todas aquellas personas que encontrándose en una situación de vulnerabilidad, entre ellas los afectados por algún expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y por reducciones de jornada laboral, los desempleados y los autónomos que hayan perdido ingresos, no pueden hacer frente al pago de sus alquileres.

Las cinco medidas son:

1.- Paralización de los desahucios sin alternativa habitacional por impago del alquiler durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma.

2.- Renovación automática de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma.

3.- Microcréditos públicos sin intereses para cumplir con el pago de la rentas, a devolver en un plazo de seis años ampliable a diez, para los inquilinos de caseros con menos de ocho/diez inmuebles en el mercado.

Estos inquilinos podrán primero solicitar a sus arrendadores un aplazamiento en el pago de las rentas y estos tendrán siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo.

En el caso de que no haya acuerdo, el inquilino tendrá acceso a los microcréditos.

Se trata de créditos finalistas, directamente pagados al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades, a devolver en un periodo máximo de diez años.

4.- El Estado se hará cargo de la deuda, si los inquilinos mantienen la situación de vulnerabilidad y no pueden pagarla después de la crisis (hasta 900 euros al mes y 200 euros de suministros y mantenimiento).

5.- Los inquilinos de grandes tenedores (propietarios públicos y privados de más de diez viviendas), entidades bancarias y fondos de inversión podrán obtener una moratoria en el pago de su renta por un máximo de cuatro meses y devolver las cuotas no pagadas de forma prorrateada durante un periodo máximo de tres años sin intereses.

Para más información envíe un mail a info@salip-abogados.com o llame al 932019830.

PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS COVID 19

Sabemos que la deseable recuperación de la actividad económica será lenta y difícil; que lo inmediato es atender las obligaciones con proveedores, personal, hacienda, seguridad social, etc., y que probablemente nos faltará apoyo de la Unión Europea.

Con el parón de la actividad, una gran parte de pequeños empresarios ya saben que no podrán atender a todas sus obligaciones. Lo que muchos no saben es el alcance de su responsabilidad y cómo afrontar esta situación.

Nadie quiere perder su negocio y, además, muchos empresarios se encuentran atrapados con hipotecas sobre sus bienes para garantizar las responsabilidades del negocio de su actividad o de su sociedad.

El primer peligro es la falta de tesorería, y con ella el imprescindible análisis del empresario para saber si va o no poder pagar, puesto que la Ley Concursal, en su Art. 5, le obliga a solicitar la declaración de Concurso de Acreedores dentro de los DOS MESES siguientes a la fecha en que hubiera podido o debido conocer que no podría pagar. Por lo tanto, para no incurrir en mayores responsabilidades, es preciso realizar de inmediato ese análisis y ver en qué situación se encuentra el negocio, para no caer en lo que frecuentemente sucede en situaciones de crisis, como es simular una situación patrimonial ficticia, sobre todo frente a proveedores, etc., para poder obtener los bienes y servicios que permitan continuar la actividad, ya que ello agravará la responsabilidad del empresario. (164.6).

Hay que tener en cuenta que se presume la culpabilidad del empresario cuando no presentó el concurso dentro de esos dos meses (165.1), y esa responsabilidad alcanza a directores y gerentes, pudiendo incluso suceder que sean condenados por el Juez a la indemnización de los daños y perjuicios causados (172.3).

¿Al pago de qué importe pueden ser condenados? Pueden ser cifras muy importantes, pues la Ley establece que será la diferencia entre el importe total de las deudas y el valor por el que se hayan liquidado los bienes de esa empresa.

El gobierno debería modificar la Ley Concursal, para evitar las graves consecuencias legales que hoy por hoy puede suponer para los empresarios, y así evitar la “liquidación forzosa” en un concurso o, mucho peor, fuera de él, de empresas que son, en definitiva, imprescindibles para que la economía resurja, y se genere empleo. Lamentablemente todos los indicios muestran que el gobierno no lo hará. Por ello es fundamental la previsión y el asesoramiento.

Contamos con un departamento especializado en Derecho Concursal y derecho de empresa, donde podemos examinar y facilitar la solución jurídica que su empresa pueda precisar.