CONCURSO DE ACREEDORES, ¿APLAZADO?

En nuestras publicaciones en Facebook,  “QUÉ PASA CON MI EMPRESA DESPUÉS DEL CONCURSO” del pasado 3 de Marzo y  “AVALANCHA DE CONCURSOS” del pasado 22 de abril, se planteaba la necesidad de la reforma de la Ley concursal a fin de mitigar las consecuencias legales para quien no presente concurso dentro de los dos meses siguientes de prever la imposibilidad de seguir pagando a sus acreedores, para evitar que se le condene personalmente al pago de las deudas.

Esta circunstancia (de no presentar el concurso en los dos meses siguientes a la previsión de insolvencia), es aprovechada, naturalmente, por los acreedores para presionar al deudor para que pague.

En el Consejo de Ministros celebrado ayer, el plazo para presentar el concurso se alargará hasta fin de este año y, quien tenía que cumplir un convenio o un acuerdo de refinanciación adoptado en un Concurso de Acreedores podrá renegociarlo. Sin embargo, esto no debe confundirse con una amnistía como titula La Vanguardia de hoy.

De las Pymes y Autónomos ¿cuántos saben si realmente se podrán recuperar de aquí a fin de año?.

Esta reforma en la Ley concursal, si no viene acompañada de medidas financieras realmente importantes, es decir, de Europa, que lleguen de verdad y, en cantidad suficiente, a  Pymes y Autónomos, no harán más que alargar la agonía y aumentar la responsabilidad de los que no puedan superar esta situación, porque, probablemente, los administradores de las sociedades, vendrán condenados al pago de las deudas.

Se indica en el mismo medio que el Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona,  José Mª Fdez. Seijo, entiende que, si la empresa ve que no se puede recuperar, debería presentar concurso.

Conviene preparar con tiempo esta nueva situación, para aprovecharla, sin incurrir en riesgos innecesarios.

Nuestro despacho, con 40 años de experiencia en materia concursal, ha tramitado el único concurso conocido en España, (por nosotros) en el que, tras su tramitación, han cobrado absolutamente todos los acreedores y, además los socios que habían invertido su capital, llegando, alguno de los socios, a recuperar un millón de Euros invertido.

Haga su consulta por mail o teléfono.
Podemos mantener una reunión telemática, y si
su situación es urgente incluso personal.

Tel. (+34) 93.201.98.30 E-mail: info@salip-abogados.com

AVALANCHA DE CONCURSOS DE ACREEDORES.

Van a venir en masa, y ya estamos preparados para tramitarlos sin sobresaltos.

Nos comentan algunos empresarios que es muy grave la situación económica de su negocio, tras el confinamiento del Covid 19 y la escasa reacción del gobierno. Los administradores están preocupados.

El consumo baja, los pedidos han caído, la tesorería también, el PIB bajará un porcentaje importante, es difícil reducir los gastos de estructura. Existe mucha incertidumbre en la capacidad de pago de los clientes que, esperemos no acaben también sin capacidad económica para cumplir sus compromisos.

Continuar la actividad en esta situación, en un mercado con pocas expectativas, hoy por hoy, es arriesgado cuando es probable que lo único que podamos hacer es engordar el importe de las deudas de la empresa, lo que comportaría acabar en situación de concurso que, por ir esperando, puede provocar que sea declarado culpable.

Nuestro trabajo principal, es evitar las derivaciones de responsabilidad, y que el administrador salga indemne en los casos en que puedan existir irregularidades.

Si la compañía tiene posibilidades de recuperación con una inyección financiera, podemos buscar inversores que compren la unidad productiva. 

Finalmente en los casos sin solución, es decir de liquidación del negocio, nuestro despacho, con 40 años de experiencia en materia concursal, ha tramitado el único concurso conocido en España, (por nosotros) en el que, tras su tramitación, han cobrado absolutamente todos los acreedores y, además los socios que habían invertido su capital, llegando, alguno de los socios, a recuperar un millón de Euros invertido.

Después de los ERTES,  de no poder despedir a ningún trabajador; de los aplazamientos de las deudas tributarias, de que el banco ofrece crédito pero solicita más garantías de las necesarias, muchos empresarios frente a algún impago avalaran personalmente los créditos actuales. Otros pondrán bienes particulares en garantía de los créditos, necesitarán más financiación de su negocio. Frente a las dudas de si con todo esto podrán recuperarse, conviene ver las ventajas que puede tener el concurso para liberarse de responsabilidad, y de aumentar los pasivos. Hay que valorar las ventajas de empezar un nuevo negocio.

Aparte del concurso, existen fórmulas previas a la judicial, que pueden permitir reducir el pasivo y, por supuesto, la responsabilidad del Administrador y/o socios de la empresa que vive está terrible situación.

Nuestro empeño es salvar a nuestros clientes de situaciones que los elimine del mercado, pues si muere la empresa, todos perdemos, pero si muere la empresa, el cliente no debe perder más.

Es muy frecuente consultar tarde, por favor consulten su situación con antelación,  impresiona a muchos ver la cantidad de ventajas que les ha proporcionado la anticipación.

Estamos a su disposición en info@salip-abogados.com o 932019830.

QUÉ HACER CON EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO. COVID-19.

1. ¿Puede el arrendatario dejar de pagar?
 No. Si lo hace estaría incumpliendo una de las premisas básicas del contrato de alquiler, que es el pago de la renta.

2. ¿Qué pasa si el arrendatario, como consecuencia del Cov-19, no puede pagar?
Lo idóneo es trabajar en puntos de entendimiento entre arrendador y arrendatario respecto al pago de la renta.

Podría ser:
– Suspensión del pago de la renta durante el tiempo que se prolongue el estado de alarma o durante el tiempo que se pacte como prudencial para mantener la suspensión.
– Reducciones temporales del pago de la renta o aplazamientos. Las reducciones de renta pueden ser condonadas o bien, fraccionadas en el tiempo.
A falta de regulación específica, se abre un abanico de posibilidades para encontrar la fórmula que mejor satisfaga los intereses de arrendatarios y arrendadores, y con el asesoramiento profesional adecuado se puede hallar la fórmula o solución que mejor se adapte al caso. Ante una casuística variada, las soluciones no deben ser uniformes.

La mejor defensa, un buen asesoramiento. La mejor victoria, la que se obtiene sin ir a juicio. Salip Abogados. Info@salip-abogados.com. Teléfono 932019830.

ATENCIÓN. SOCIEDADES EN ESTADO DE ALARMA

El RDL 8/2020 ha adoptado una serie de medidas encaminadas a solucionar obstáculos y paliar dificultades a los que se enfrentan las sociedades, durante la crisis sanitaria.

1.-  MEDIDAS RELATIVAS AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.

Durante el periodo de alarma y aunque no esté previsto en los estatutos:

(A) Las reuniones del órgano de administración y demás comisiones podrán celebrarse por videoconferencia.

(B) Los acuerdos del órgano de administración y demás comisiones  podrán adoptarse por escrito y sin sesión, si lo decide el presidente o lo solicitan dos de sus miembros.

2.-  MEDIDAS RELATIVAS A LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

(A) El plazo para formular las cuentas anuales será de tres meses a contar desde la fecha de finalización del estado de alarma.

El plazo para que la junta general se reúna para tratar sobre su aprobación es de otros tres meses desde que finalice el plazo para su formulación.

En el caso de las sociedades cotizadas, podrán celebrar la junta general ordinaria del 2020, hasta el 30 de octubre.

(B) En el caso de sociedades sujetas a auditoría obligatoria, si en la fecha de declaración del estado de alarma el órgano de administración ya hubiese formulado las cuentas anuales, el plazo para su verificación por el auditor se prorroga por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

3.- MEDIDAS RELATIVAS A LA JUNTA GENERAL

(A) El órgano de administración podrá desconvocar o modificar  la fecha de celebración de las junta generales convocadas antes de la declaración del estado de alarma.

Se requiere,  publicar un anuncio con una antelación mínima de 48 horas a la fecha prevista en la página web de la sociedad y, si no tuviera, en el  BORME. Si es para desconvocar la junta, el órgano de administración deberá convocarla dentro del mes siguiente a la finalización del estado de alarma.

(B) El notario requerido para asistir a la junta general de socios para levantar acta de la reunión podrá hacerlo por medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen el cumplimiento de su función.

4.-  OTRAS MEDIDAS APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE CAPITAL DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA

(A) Los socios no podrán ejercer el derecho de separación legal o estatutario.

(B) No se producirá la disolución de pleno derecho de aquellas sociedades para las que transcurriera su término de duración. La disolución solo se producirá transcurridos dos meses desde la finalización del estado de alarma.

(C) En el supuesto de sociedades que incurran en causa legal o estatutaria de disolución (en especial la reducción por pérdidas del patrimonio neto por debajo de la mitad de la cifra de capital social ex art. 363.1.e LSC), el plazo de convocatoria de la junta general por el órgano de administración (para acordar la disolución o enervar la causa de disolución) queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma.

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PEQUEÑAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS COVID 19

Sabemos que la deseable recuperación de la actividad económica será lenta y difícil; que lo inmediato es atender las obligaciones con proveedores, personal, hacienda, seguridad social, etc., y que probablemente nos faltará apoyo de la Unión Europea.

Con el parón de la actividad, una gran parte de pequeños empresarios ya saben que no podrán atender a todas sus obligaciones. Lo que muchos no saben es el alcance de su responsabilidad y cómo afrontar esta situación.

Nadie quiere perder su negocio y, además, muchos empresarios se encuentran atrapados con hipotecas sobre sus bienes para garantizar las responsabilidades del negocio de su actividad o de su sociedad.

El primer peligro es la falta de tesorería, y con ella el imprescindible análisis del empresario para saber si va o no poder pagar, puesto que la Ley Concursal, en su Art. 5, le obliga a solicitar la declaración de Concurso de Acreedores dentro de los DOS MESES siguientes a la fecha en que hubiera podido o debido conocer que no podría pagar. Por lo tanto, para no incurrir en mayores responsabilidades, es preciso realizar de inmediato ese análisis y ver en qué situación se encuentra el negocio, para no caer en lo que frecuentemente sucede en situaciones de crisis, como es simular una situación patrimonial ficticia, sobre todo frente a proveedores, etc., para poder obtener los bienes y servicios que permitan continuar la actividad, ya que ello agravará la responsabilidad del empresario. (164.6).

Hay que tener en cuenta que se presume la culpabilidad del empresario cuando no presentó el concurso dentro de esos dos meses (165.1), y esa responsabilidad alcanza a directores y gerentes, pudiendo incluso suceder que sean condenados por el Juez a la indemnización de los daños y perjuicios causados (172.3).

¿Al pago de qué importe pueden ser condenados? Pueden ser cifras muy importantes, pues la Ley establece que será la diferencia entre el importe total de las deudas y el valor por el que se hayan liquidado los bienes de esa empresa.

El gobierno debería modificar la Ley Concursal, para evitar las graves consecuencias legales que hoy por hoy puede suponer para los empresarios, y así evitar la “liquidación forzosa” en un concurso o, mucho peor, fuera de él, de empresas que son, en definitiva, imprescindibles para que la economía resurja, y se genere empleo. Lamentablemente todos los indicios muestran que el gobierno no lo hará. Por ello es fundamental la previsión y el asesoramiento.

Contamos con un departamento especializado en Derecho Concursal y derecho de empresa, donde podemos examinar y facilitar la solución jurídica que su empresa pueda precisar.