LOS CONTRATOS CON CONSUMIDORES Y LOS VIAJES COMBINADOS EN EL ESTADO DE ALARMA

Estado de alarma: El Gobierno permitirá cancelar contratos a los ...

Frente a  las situaciones de incumplimiento contractual de los empresarios como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma, los consumidores  tendrán derecho a resolver el contrato en aquellos casos en los que este haya devenido de imposible cumplimiento a consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma.

Este derecho debe ser ejercitado dentro del plazo de 14 días desde que se haya puesto de manifiesto la imposibilidad de cumplimiento del contrato.

Ahora bien, el RDL 11/2020 modula en cierto modo las consecuencias de este derecho,  pues se podría dañar irremediablemente la solvencia de los empresarios.

Así, en aquellos supuestos en los que el cumplimiento del contrato no haya devenido definitivamente imposible a raíz de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma, el RDL 11/2020 sugiere a los empresarios que de buena fe ofrezcan a los consumidores, y sugiere a estos últimos que de buena fe las acepten, fórmulas mediante las que se trate de reestablecer la reciprocidad de intereses y evitar la resolución del contrato.

Se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la imposible ejecución del contrato sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión.

En aquellos casos en los que el reequilibrio contractual resulte definitivamente imposible, para lo que bastará que el consumidor se limite a no aceptar el ofrecimiento que haya podido recibir del empresario, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días, salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte del consumidor y usuario.

VIAJES COMBINADOS

El consumidor tendrá derecho a la resolución del contrato en el caso de que la ejecución del viaje combinado o, en general, el transporte de viajeros al lugar de destino haya devenido imposible, pero limitando la obligación del organizador del viaje de reembolsar al consumidor.

El organizador del viaje únicamente estará obligado a reembolsar al consumidor aquella parte de la cantidad que este hubiera abonado para la contratación del viaje y que a su vez los proveedores de servicios incluidos en el contrato de viaje combinado hubieran procedido a devolver al organizador.

En relación con aquella parte que los proveedores de servicios no hubieran procedido a devolver al organizador, este cumplirá con su obligación de reembolso al consumidor con la entrega a este último de un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso total o parcial que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado.

Puede realizarnos cualquier consulta a info@salip-abogados.com o al 932019830.

CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. APLICACIÓN EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Partimos de la concepción de esta cláusula “rebus sic stantibus” que se consolidó a raíz de las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 30/06/2014 y 15/10/2014, donde se  abandonó el marco de aplicación sumamente restrictivo de la referida cláusula, para pasar a una aplicación normalizada de dicha figura, que la convierte, en el actual estado de alarma, en una herramienta económica de flexibilidad para que las partes puedan oponerse de acuerdo.

Las sentencias referenciadas fueron relevantes porque supusieron, como previamente se ha indicado, un cambio de planteamiento del alcance de la cláusula rebus. Hasta ese momento, la valoración que había hecho la sala primera del Tribunal Supremo era una aplicación sumamente restrictiva hasta el punto de que se había considerado como una cláusula peligrosa para el propio sistema en cuanto podía poner en peligro el principio del pacta sunt servanda.

A raíz de esas sentencias se entendió que esa concepción era equivocada y que no hacía justicia a un instrumento –cláusula rebus-, que es idóneo para paliar las terribles consecuencias como las que tenemos ahora, concurriendo una crisis imprevisible que afecta a la estabilidad de los contratos y, por tanto, al juego normal de la distribución de los riesgos y ejecución de las prestaciones. Las sentencias cambiaron la concepción, e hicieron de la cláusula rebus un instrumento normal en aquellos supuestos donde lo extraordinario no era la aplicación de la cláusula rebus sino la propia crisis o el propio riesgo imprevisible que suponía  un impedimento absolutamente claro del normal desenvolvimiento de los contratos.

Las sentencias deslindaron las diferencias que existía entre esta cláusula – cuya aplicación debía considerarse normal en estos supuestos excepcionales-, de supuestos más próximos con los que también se confundía, como era el de la imposibilidad sobrevenida o de resolución contractual, que no son los mismos, y son diferenciables. A partir de las referidas sentencias, se pudo contar con una doctrina jurisprudencial más coherente y más moderna de lo que es un instrumento fundamentalmente de adaptación y flexibilidad del ámbito económico y en materia de los contratos, sumamente útil para estos momentos de emergencia sanitaria que provoca también una emergencia económica.

Con dichas sentencias se consolidó una doctrina en el Tribunal Supremo sobre el régimen de aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, que permite la revisión de un contrato cuando surgen circunstancias nuevas a las existentes en el momento de su firma y las prestaciones de alguna de las partes son excesivamente gravosas rompiendo el equilibrio económico del contrato.

Se puede acudir a este mecanismo para desistir de un contrato, para suspenderlo o para alegar el incumplimiento en función de la postura contractual que se mantenga en el mismo.  Lo principal que nos enseña la cláusula es su propia filosofía, el criterio de flexibilidad de modificación entre las propias partes, de ajustar el contrato,  durante el tiempo en que dure esta contingencia, permitiendo la continuidad después de la crisis.

En el ámbito judicial, la cláusula juega como una excepción, para evitar a la parte que sufre una excesiva onerosidad, provocada por estas circunstancias extraordinarias, el rigor de la aplicación literal del contrato.

Se puede recurrir a este instrumento para paliar los efectos económicos que está conllevando esta crisis en la actividad de muchos profesionales y comerciantes.

Centrándonos en una aplicación práctica, se puede referir el arrendatario de un local de negocio que se ha visto obligado a cesar en su actividad durante este periodo excepcional, pero debe seguir pagando el alquiler, aun sin haber generado ganancias durante este periodo.

Estamos ante  un claro supuesto de aplicación de esta cláusula rebus, donde concurren los presupuestos de aplicación de la misma:

-Riesgo extraordinario, no previsible, no imputable a ninguna de las dos partes, ante este riesgo sanitario.

– Principio de proporcionalidad: la actividad económica que se ejercía en el ámbito del arrendamiento se ha visto perjudicada y no ha permitido seguir desenvolviéndose con normalidad.

-La base económica que guía ese contrato de arrendamiento, se ha visto alterada por una crisis significativa y drástica.

Es jurídicamente factible, al amparo de la consolidada doctrina jurisprudencial sobre la cláusula rebus, contemplar, por ejemplo una reducción del precio, aplazamientos en el pago, suspensión temporal de las obligaciones recíprocas del contrato, etc…Sin hacer recaer tampoco todo el peso exclusivamente sobre el arrendador. Se debe adoptar un criterio de flexibilidad mutando el contrato durante el tiempo que dure el estado de alarma.

En definitiva, es un instrumento económico y jurídico muy adecuado para resolver inteligente y adecuadamente situaciones de incumplimiento de desfases económicos que ya se observan en la actualidad, consecuencia de la situación excepcional en la que estamos inmersos.